
La industria láctea española está en pie de guerra contra la Junta de Castilla y León. Las empresas están indignadas porque el Ejecutivo autonómico ha decidido lanzar una marca de leche con capital público para apoyar con mejores precios a los ganaderos.
"Es un caso clarísimo de competencia desleal. Si no tuvieramos suficientes problemas con el crecimiento de la marca blanca de la distribución, ahora una comunidad autónoma pretende competir en el sector ", advierten en la industria.
La Junta, que estaba usando hasta ahora un sello de calidad para sus productos alimentarios, ha decidio ir un paso más allá y usar, según dicen, el dinero de todos para competir con las empresas privadas. Para materializar el proyecto, bajo la enseña Tierra de Sabor, se convocó un concurso, resultando adjudicataria la compañía Ganaderos de Zamora (Gaza).
Así, será ésta la que, con dinero público, se encargue de vender la leche. La única condición para presentarse era garantizar la trazabilidad del producto, es decir, la certificación de que se había comprado a ganaderos de la región. "Si otras comunidades autónomas productoras como Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco o Cataluña decidieran hacer lo mismo, sería la ruina para las empresas lácteas", advierte un alto directivo de una compañía que, por ahora, prefiere mantener el anonimato.
Según denuncian las empresas, la propia consejera de Agricultura de la Junta, Silvia Clemente, está haciendo labores de mediación para facilitar la introducción de la marca en las grandes cadenas de distribución. De hecho, acaba de llegar en este sentido a un acuerdo con Eroski, que comercializaba ya otros productos alimentarios bajo el sello Tierra de Sabor.
La iniciativa de crear una leche con marca propia ha sido promovida personalmente por la consejera de Agricultura y Ganadería con el apoyo de las organizaciones agrarias, siempre con el "objetivo" de garantizar un precio justo a los ganaderos de la comunidad. La leche saldrá al mercado a principios del presente mes de febrero. El nuevo producto no sólo irá acompañado de una campaña de promoción, sino que la propia consejera ha pedido a los castellano y leoneses su consumo en aras a la "solidaridad social".
Clemente ha asegurado que el proceso de comercialización ha sido "muy complicado" porque la Administración Pública asume todas las tareas de una iniciativa privada. Lo que se desconoce es el coste que supondrá para las arcas públicas.