La presidenta del PP de León, Isabel Carrasco, ha pedido al Banco de España que intervenga ante la indemnización de 520.000 euros concedida por Caja España-Duero al exalcalde socialista de León Francisco Fernández.
Tras la sesión plenaria celebrada hoy en el Ayuntamiento de León, Carrasco ha pedido a la entidad financiera que explique "con luz y taquígrafos" si la indemnización de 520.000 euros por prejubilación concedida al exalcalde y secretario provincial socialista, Francisco Fernández, "es o no legal" porque, a su juicio, es al menos "inmoral" y "sonroja a cualquier ciudadano".
Según la presidenta del PP, los directivos de Caja España-Duero deberían "dar la cara" y explicar si esta indemnización queda dentro de la legalidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "que en su día se cerró con un corte en un ciudadano", en referencia al exalcalde, y si es lícito que Fernández "estando en excedencia especial" de la caja haya solicitado la prejubilación.
A juicio de la presidenta del PP leonés y exvicepresidenta de Caja España, esta indemnización parte de la "situación privilegiada que en su día le proporcionó -a Fernández- el señor Javier Ajenjo", exdirector adjunto de la entidad.
Carrasco, como consejera de Caja España-Duero, ha señalado que espera que los sindicatos pidan explicaciones en el consejo de administración de la entidad previsto para el próximo jueves.
El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Javier Chamorro, ha solicitado la explicación de Caja España-Duero al "no entender" que ante una situación de crisis que ha llevado a la entidad a solicitar ayudas públicas e impulsar procesos de fusión, se pague a un directivo "casi 100 millones de pesetas por prejubilarse a los 56 años".
Según Chamorro constituye una "falta de respeto" a los miles de leoneses en paro.
Mientras, el sindicato CSICA asegura que la prejubilación supone un "claro trato de favor", al tratarse de una persona en situación de excedencia. Además, ha señalado que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tramitado por Caja España-Caja Duero ha afectado a 846 personas que salieron de la Caja mediante prejubilaciones, bajas incentivadas y excedencias temporales.
En este sentido, ha puntualizado que con este nuevo caso la cifra de personas afectadas por el ERE sería de 847 y no 846, según ha informado CSICA en una nota recogida por Europa Press.
Al mismo tiempo, ha recordado que el Acuerdo Laboral de Fusión (ALF) otorgaba la opción de prejubilación a los empleados nacidos hasta el día 31 de diciembre de 1954, es decir, con 56 años cumplidos a 31 de diciembre de 2010.
Si en ese grupo se producían renuncias, se ofertaría por "rigurosa" fecha de edad a los nacidos en 1955, de manera que se ofertaron las 18 renuncias a los nacidos a principios de 1955. Así, en este momento permanecen en plantilla 101 empleados con más edad que Francisco Fernández.
Por otra parte, CSICA ha explicado que Fernández no es un empleado de la entidad en activo, dado que ha mantenido su dedicación exclusiva en el grupo municipal del PSOE del Ayuntamiento de León y no cesó de su puesto como consejero de la caja, en representación del citado Consistorio. En este sentido, ha apuntado que, según la legislación, es incompatible el ser empleado y consejero por el grupo de representación municipal.
Con todo ello, la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas y Afines ha opinado que la situación en torno a Fernández supone "un trato de favor" amparado en su posición como consejero de la entidad, así como una acción "inmoral" para quien pretende representar a los ciudadanos en las Cortes, además de un "agravio comparativo gravísimo" hacia los compañeros que tienen prioridad a la hora de prejubilarse por su edad.
En este sentido, CSICA exigirá en el Consejo de Administración de Caja España-Caja Duero una información "exhaustiva" sobre el tema y solicitará la retrocesión de esta operación, al tiempo que confió en obtener explicaciones sobre quién, cómo y porqué autorizó "semejante atropello".
Finalmente, ha lamentado las declaraciones realizadas por el secretario provincial de UGT en León, Arturo Fernández, quien manifestó al ser preguntado por eta cuestión que los sindicatos "no tienen nada que objetar" al respecto, ya que intentan que los trabajadores obtengan "las mejores condiciones posibles a la hora de sellar un acuerdo". "CSICA sí que tiene que objetar al respecto, y mucho", concluyó.
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