El candidato a la Presidencia de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ennumeró ayer en su investidura un amplio abanico de medidas para recortar el gasto público, entre ellas la retirada del coche oficial a los altos cargos.
El candidato a la Presidencia de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, no fue ayer inmune a las voces que piden máxima austeridad a las autonomías. Ni a las peticiones de mayor participación en la vida pública que han surgido desde el movimiento 15-M y ayer anunció una batería de recortes en el gasto, el impulso a un acuerdo con otras autonomías para ?corregir ineficiencias? del actual modelo y medidas para incrementar la presencia de los ciudadanos en la actividad pública, como el desbloqueo de las listas electorales.
Durante el debate de investidura, Herrera anunció un recorte del 20 por ciento en el número de altos cargos, la reducción del número de miembros del Consejo Consultivo y el de Cuentas o la reducción de, al menos dos consejerías.
Además, Herrera anunció que en la primera reunión de su gobierno presentará un "Código de Austeridad" para los altos cargos de la Junta donde habrá la renuncia a las indemnizaciones por las asistencias a consejos u otros organismos y la obligación de declarar los bienes al inicio y final del ejercicio en el cargo. Además, los coches oficiales sólo estarán asignados a los consejeros, y no a todos los altos cargos, que deberán compartir vehículo, se reducirán los gastos en atenciones protocolarias y las comidas de trabajo, se limitarán las publicaciones al ámbito de la cultura y se reducirá publicidad y promoción. Se comprometió también a acometer un plan de reducción del número de empresas y fundaciones públicas o un plan de racionalización del gasto corriente y a elaborar un programa de auditoria en el primer trimestre de cada año para reforzar los controles y la eficiencia en la gestión del gasto público.
Estas medidas responden según Herrera a los principios de ?austeridad, transpariencia y comportamiento más ejemplar? que, según Herrera, la sociedad pide a la clase política, que también reclama una mayor participación en la vida pública. Ahí, el candidato del PP anunció la puesta en marcha de una Plataforma de Gobierno Abierta en la que pondrán participar los ciudadanos y exponer sus propuestas para el proceso de elaboración de los anteproyectos de ley. Además, planteó una participación directa de los ciudadanos en las Cortes, donde podrían defender sus iniciativas legislativas populares ante el pleno o presentar propuestas a una comisión específica. Herrera se comprometió a un análisis sobre las reformas legales que permitan el "desbloqueo" de las listas electorales autonómicas, como ha planteado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pero añadió que debe ir unido a reformas similares en todos los procesos electorales nacionales. "Son principios para un nuevo tiempo", resumió Herrera.
Herrera se desmarcó de la política de su partido en Extremadrua y descartó aumentar la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a la vez que defendió el mantenimiento de la supresión del impuesto de Sucesiones y a continuar con su política de incentivos fiscales.
El presidente electo abogó por "blindar" los servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales a través del impulso de un Pacto de Comunidad con partidos, agentes sociales y colectivos profesionales implicados que garantice sus sostenibilidad y calidad; la creación de una agencia de evaluación de la calidad y la remisión de "cartas informativas" sobre su coste para que los ciudadanos hagan un "uso responsable y solidario".
Por último, Herrera anunció que impulsará un pacto nacional con otras comunidades para "corregir las posibles carencias e ineficiencias del sistema de las autonomías y mejorar su funcionamiento".
Además reclamó un Pacto de Comunidad "por el futuro, la calidad, la equidad y la sostenibilidad de los servicios públicos", que entre otra medidas recoja un consejo asesor que garantice el desarrollo del mismo, así como el estudio de crear una única agencia para la calidad de los servicios esenciales y la evaluación de las políticas públicas.
Junto al mantenimiento de los servicios sociales, los recortes anunciados persiguen el fin de disponer también e mayores recursos para la creación de empleo. En este terreno, Herrera anunció una Ley de Estímulo a la Creación de Empresas que ponga en marcha un sistema integral de apoyo al emprendedor, que simplifique el marco jurídico y los procesos administrativos de creación de empresas.
Herrera ofreció también el apoyo financiero de la Junta a los proyectos de inversión empresarial a través de créditos atractivos y rápidos.
Asmismo, pondrá en marcha el II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial, que prime la formación y la innovación. Hasta 1.800 millones de euros entre 2011 y 2015 destinará a infraestructuras tecnológicas y de innovación.
Herrera ha prometido un proyecto de Ley de Industria, 1.000 hectáreas más de suelo industrial, un plan energético y una nueva Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional y Riesgos Laborales 2012-2015, que negociará con los agentes sociales y económicos.
