El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valladolid ha fijado el próximo 12 de agosto como fecha tope para levantar el concurso de acreedores de la constructora Begar
Esta empresa, que preside José Luis Ulibarri, fue declarada insolvente el 25 de junio de 2009 por una acumulación de deudas calculadas en 297 millones de euros.
El juez decidió entonces mantener las facultades de los máximos responsables de Begar para administrar y gestionar la actividad y el patrimonio de la compañía, con el fin de proteger los intereses de los acreedores y de la masa mediante el funcionamiento ordinario del órgano de administración, aunque estableció también que el proceso fuera supervisado por los administradores concursales.
Ahora, un auto del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valladolid ha fijado el próximo 12 de agosto como fecha tope para que los acreedores puedan adherirse al convenio de Begar Construcción y Contratas.
La resolución judicial declara finalizada la fase común del procedimiento concursal y abre así la fase de convenio, lo que representa el levantamiento del concurso.
Fuentes de la constructora han precisado que en la actualidad ya se ha superado el límite legal del 50 % de adhesiones al convenio, todas ellas suscritas ante notario.
El proceso concursal se ha cerrado con un pasivo de 261 millones de euros, distribuidos entre los créditos con privilegio especial, los de privilegio general, los créditos ordinarios y los subordinados, han precisado dichas fuentes.
El juez ha adoptado esta decisión tras un informe de los administradores concursales que consideraba viable la previsión e ingresos calculada por la empresa en función de las desinversiones programadas, los ingresos generados por la actividad de la constructora y el cobro de deudores.
La empresa espera alcanzar una facturación de 50 millones de euros en un periodo de cinco años teniendo en cuenta el plan de viabilidad.
Cuando el Juzgado declaró insolvente a la constructora, disponía de 270 empleos fijos -80 en Valladolid, 60 en León y 50 en Madrid, y más de 590 contratados por obra en España, según informaron entonces fuentes sindicales.
