Castilla y León ha cargado contra la Estrategia Forestal planteada por la Unión Europea por su orientación "radical ambientalista" y lamenta que no se haya contado con las regiones para su elaboración y no integre factores "sociales y económicos fundamentales" en "la lucha contra la despoblación".
Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha analizado las conclusiones del seminario organizado por la Red de Regiones Europeas para la Innovación en Agricultura, Alimentación y Selvicultura (Eriaff), de la que forma parte la Comunidad y otras 43 regiones de 13 Estados de la Unión Europea.
Suárez-Quiñones ha lamentado que la nueva estrategia, que ha matizado que "no es vinculante" ya que la Unión Europea no tiene competencias en materia forestal, haya salido adelante sin "consenso" con las regiones. También ha explicado que es "exclusivamente ambientalista", con una orientación "radical" al centrarse "únicamente" en ese aspecto y dejando de lado el "necesario equilibrio entre las dimensiones social y económica" con esa "sostenibilidad ambiental".
En este punto, el consejero en funciones ha asegurado que a la Comunidad "nadie le va a dar lecciones de conservación", al recordar que Castilla y León, "en sus 38 años con competencias", ha repoblado medio millón de hectáreas, 13.000 por año, ha plantado 800 millones de árboles, 25 millones al año y que hay 8,81 árboles por cada castellanoleonés, por los 0,67 árboles de media por habitante en el seno de la Unión Europea.
"Hemos sabido conservar y mejorar los bosques pero, a la vez, aprovecharlos, lo que ha permitido que los bosques sean más resistentes al fuego, además de poder añadir otros cultivos no madereros como la Castaña, la piña y la resina. Además, utilizamos entorno a un millón de toneladas de biomasa para generar electricidad en las plantas en las que la Junta participa", ha apuntado para insistir en la orientación "radical ambientalista" de la estrategia.
Por este motivo, Castilla y León, junto con otras 25 regiones europeas de siete estados, han presentado un escrito mostrando su "posición crítica". También, junto a Cantabria, Cataluña, Navarra y Murcia, así como la Plataforma Juntos por los Bosques, también ha dirigido otro documento para dejar constancia de esa misma posición al Gobierno de cara a que éste "fije posición" en Europa.
Una posición, la del Ejecutivo central, "maximalista" en materia ambiental. "Ejemplos tenemos, como el lobo, la gestión del agua o el cierre de la estación de Navacerrada", ha concluido.
