Valladolid
La Junta de Castilla y León ha recibido un total de 16.189 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) de empresas con centro o centros de trabajo en la Comunidad Autónoma con 87.695 trabajadores potencialmente afectados.
Así se desprende de los datos facilitados por la Consejería de Empleo e Industria correspondientes a las solicitudes de ERTEs registradas desde el lunes 16 de marzo hasta las 14 horas de este martes, día 24, en el contexto de estado de alarma por coronavirus COVID-19.
Valladolid, a la cabeza
Por provincias, en Ávila se han registrado 707 expedientes que afectan potencialmente a 2.923 trabajadores; en Burgos 1.597 con 9.070 trabajadores afectados; en León, 3.717 con 12.229 trabajadores; en Palencia 985 con 4.974 trabajadores; en Salamanca 2.251 con 8.241 trabajadores; en Segovia 1.297 con 5.877 empleados; en Soria 769 con 4.315 trabajadores; en Valladolid 3.476 con 14.137 trabajadores y en Zamora 1.223 con 4.355 trabajadores.
Además, en la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales se han registrado otros 167 expedientes de regulación temporal de empleo que afectan potencialmente a 21.574 asalariados.
Según han aclarado las mismas fuentes, éste es el cómputo de los ERTEs que constan como presentados a efectos administrativos ante las Oficinas Territoriales de Trabajo (OTT) y la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria.
Conforme a la normativa vigente, la autoridad laboral competente para tramitar estos expedientes de regulación son las Oficinas Territoriales de Trabajo de Castilla y León, cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia.
También lo es la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales en tres supuestos: cuando los afectados desarrollen su actividad o se encuentran adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia pero tenga más de 200 trabajadores afectados; cuando los afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias y cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas, pero el 85 por ciento de la plantilla de la empresa, como mínimo, radique en el ámbito territorial de Castilla y León y existan trabajadores afectados en la misma.
También es competente el Ministerio con competencias en el ámbito laboral, cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas.
