Valladolid
El juzgado Mercantil de Segovia ha condenado a la fabricante de pañales Drylock Tecnologies y a su director general Miguel Ángel González al pago de 13.000 euros a su competidora Ontex por "mala fe". La demandante soliticaba el pago de 75.019 euros en la que se conoció como la "guerra de los pañales".
El juzgado desestima la petición de condenar a seis exdirectivos de Ontex por vulneración de secretos industriales y a González y a Drylock por incumplir el pacto de confidencialidad, por captación ilegal de trabajadores y por realizar manifestaciones públicas que afectaban al crédito en el mercado de Ontex.
Después de diez meses de la celebración del juicio, la magistrada Cecilia Fernández ha puesto fin a la disputa entre los dos principales productores de pañales de Europa conocida como la "guerra de los pañales".
Los hechos juzgados se remontan a la primavera de 2018 cuando el que había sido director general de Ontex hasta 2015, Miguel Ángel Gonález, anuncia la intención de montar en una parcela contigua una empresa dedicada a la misma actividad, la fabricación de pañales y productos de higiene íntima, junto a seis directivos y una veintena de trabajadores de su antigua compañía.
El principal accionista de Drylock era el belga Bert Van Malderen, que había dirigido durante 30 años Ontex hasta que en 2003 se la vendió al fondo de capital riesgo Candover.
Ventaja competencial
La sentencia considera mala fe la conducta de Drylock y de Miguel Ángel González al contratatar a cuatro de los cinco miembros del equipo de proyectos si "lo que buscaba era una ventaja competencial, quitarle a su competidora en el mercado un valor, el equipo de proyectos, e impedirle su desarrollo empresarial (o dificultarlo)".
A este hecho contribuye además el de la concurrencia temporal entre el establecimiento de Drylock con el concurso para conseguir continuar con Lidl como cliente. "Probablemente si los hechos ocurridos en marzo/abril de 2018 hubieran sucedido meses más tarde, cuando se hubiera conseguido el contrato del Lidl, que vencía en junio de 2018, no hubieran perjudicado antes a Ontex".
Por tanto, para la magistrada "es el conjunto de todos estos hechos, junto con el tiempo en que se han producido, que determina que la conducta de Drylock deba considerarse mala fe. Cada uno de los hechos aislados no implica una conducta contraria a la competencia, pero el conjunto de todos ellos, contratando además cuando la fábrica ni siquiera está hecha o abierta, utilizando el hecho de que el contrato con Lidl aún no se había conseguido para conseguir más trabajadores, movidos por el miedo o la incertidumbre; unido a que escogió a determinados trabajadores clave de Ontex, que por muy poco han decidido cambiar de empresa (las subidas se sueldo son mínimas o nulas). Todos estos hechos, respecto de dos empresas que concurren en el sector, y que además llevan concurriendo tiempo y tienen una historia personal/familiar detrás, con unos productos específicos, de los que no tienen otras fábricas en toda España, implica una actuación contraria a la buena fe por parte de Drylock, y del Sr. González como legal".
