Castilla y León

El presidente de Castilla y León cree que el Gobierno no quiere aprobar los Presupuestos este año

Fernández Mañueco durante su intervención
Valladolid

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto en duda este viernes de que el Gobierno vaya a aprobar un Presupuesto este año y lo están dilatándolo para 2021.

Dentro de una conferencia titulada "Castilla y León ante los retos económicos", organizada por Castilla y León Económica, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto en valor la estabilidad del marco político, institucional y económico que ofrece la Comunidad, frente a las dudas e incertidumbres que está planteando el Gobierno de España y en un contexto global de desaceleración.

A nivel internacional, Fernández Mañueco ha señalado que son muchos los frentes abiertos, con la amenaza de la guerra comercial con EE.UU y un Brexit ya consumado, que obliga a la Junta a redoblar los esfuerzos y el apoyo a las 6.164 empresas que exportan en Castilla y León. A todo ello se une las dificultades para cuadrar el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE, con las consecuencias directas en sectores tan sensibles como el agrícola. En este sentido, el presidente de la Junta ha trasladado al presidente del Gobierno de España el total apoyo de Castilla y León para que defienda con la máxima firmeza los intereses de los agricultores y ganaderos.

En clave interna, Fernández Mañueco ha advertido sobre una situación complicada, con un nuevo Gobierno de España, cuyos apoyos le restan solidez y estabilidad, y que admite una desaceleración económica. Con una previsión de crecimiento, que se reduce casi a la mitad respecto a años anteriores (en torno al 1,5 % este año), y una estimación de paro, que no va a bajar del 13 %, como mínimo, hasta 2021.

Además, ha criticado la renuncia a alcanzar el déficit cero en esta legislatura, un déficit que vuelve a tener un reparto asimétrico y el principal esfuerzo de ajuste, vuelve a recaer en Autonomías y Ayuntamientos, lo que puede conducir a más déficit, a más deuda, y a más presión fiscal. Así como, la previsible falta de unos presupuestos nacionales este año ya que, en su oponión, "están dilatándolo para el 2021 y este año ya lo dan casi por perdido" en una estrategia por parte del Gobierno que dijo conocer pero que no adelantó.

Ayer, el Gobierno sacó adelante la aprobación del techo de gasto tanto para este año como el que viene.

Dudas e incertidumbres

Pero sobre todo, el presidente de la Junta ha alertado sobre las dudas e incertidumbres que en diversos ámbitos está generando el nuevo Gobierno, como con la anunciada derogación de la reforma laboral.

Incertidumbres también en materia de fiscalidad con la amenaza de aprobar nuevos impuestos y una anunciada armonización fiscal al alza en relación a los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas (patrimonio y sucesiones), lo que en su opinión sería contrario a la generación de actividad económica y la creación de empleo.

Apoyo a la automoción

Asimismo, incertidumbres con el proceso de transición energética, con mensajes que generan dudas en sectores como el de la automoción, o que no terminan de definir ayudas para las zonas afectadas por los cierres de minas y térmicas.

En cuanto al nuevo modelo de financiación autonómica, el presidente de la Junta ha insistido en que debe garantizar recursos suficientes con los que seguir prestando unos servicios de calidad; debe atender a criterios de dispersión, extensión territorial, envejecimiento de la población y baja densidad demográfica; y, en tercer lugar, debe ser el fruto del consenso multilateral, y no de mesas bilaterales, como la que está teniendo lugar con los socios de investidura, la relativa a la cesión de la gestión de la Seguridad Social a favor del País Vasco o las reuniones bilaterales que pueden conllevar a publicar las balanzas fiscales, con el consiguiente riesgo de cuestionamiento del principio de solidaridad e igualdad entre territorios.

El presidente de la Junta también ha criticado la incertidumbre generada ante los incumplimientos del Gobierno de España, en relación al pago de los 142 millones del IVA correspondiente a la liquidación de 2017, un importe que ya se le ha reclamado.

Por todo ello, Fernández Mañueco ha solicitado al presidente Sánchez que convoque con carácter urgente la Conferencia de Presidentes, ya que hay temas de gran calado para su celebración, como es la propia aprobación de la Estrategia Nacional para el Reto Demográfica.

Empleo y equilibrio territorial

Frente a toda esa incertidumbre, Castilla y León ofrece un marco político, económico e institucional estable donde se están alcanzando importantes acuerdos en lo político, en lo territorial y en lo social. Con un Gobierno que defiende, frente a la exclusión y la intolerancia, un proyecto común de España, dentro de la Constitución y del contexto europeo, y apostando por un autonomismo útil, leal y solidario para la mejora de los servicios públicos, la cohesión social, el equilibro territorial y la actividad económica.

Así, el presidente del Ejecutivo autonómico ha recordado que Castilla y León apuesta por el crecimiento económico y la creación de empleo y oportunidades, ya que eso contribuye al asentamiento de la población en el territorio y permite la igualdad real entre hombres y mujeres. Y lo hace impulsando un modelo productivo, que potencie la innovación y la trasformación digital, con el compromiso de una Administración más ágil, una apuesta por la Industria 4.0, y por llevar la banda ancha a todo el territorio de la Comunidad.

Un modelo donde cualquier proyecto empresarial viable, sea donde sea, que apueste por la innovación, el talento y la internacionalización, va a tener el apoyo de la Junta, con financiación y préstamos participativos para el crecimiento de Pymes; abaratando el precio del suelo industrial de titularidad de la Junta, una media del 25 %; con ayudas y financiación para adquirir suelo industrial; facilitando, la modernización de los polígonos industriales de propiedad municipal; extendiendo la tarifa plana 24 meses para nuevos autónomos (que llegará a 36 en pequeños municipios); con una fiscalidad inteligente y moderada, que prevea un trato positivo hacia el mundo rural y las zonas con menos población. Y el compromiso de no subir o establecer nuevos impuestos, a familias, pymes y autónomos. Suprimiendo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

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