Castilla y León

La Junta de Castilla y León cifra en sólo un 4,5% el seguimiento de la huelga de funcionarios

  • CSIF, UGT y CCOO rechazan que su aplicación sea el 31 de marzo en vez del 1 de enero
  • El bipartito formado por PP y Ciudadanos se enfrentan a su primera prueba de fuego
  • El Ejecutivo regional cifra el coste de las 35 horas en 120 millones de euros
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y el vicepresidente y portavoz Francisco Igea
Valladolid

La Junta de Castilla y León ha cifrado en un 4,52% el seguimiento de la huelga general a la que estaban convocados este miércoles cerca de 85.000 funcionarios de la administración autonómica por la implantación de las 35 horas. El paro es el primero que se celebra en la historia autonómica y la primera prueba de fuego para el bipartito PP-Ciudadanos.

Más de 85.000 funcionarios de la Administración autonómica de Castilla y León estaban llamados a la huelga general este miércoles convocados por CSIF, CCOO y UGT al no llegar a un acuerdo con la Junta sobre la aplicación de las 35 horas.

Según los datos de seguimiento del Ejecutivo regional, en total, no han acudido a su trabajo el 3,7% de los funcionarios y el 10,03 de los laborales. En la Administración general es donde ha tenido más fuerza la convocatoria, con un seguimiento del 12,2%. En Sanidad habrían parado el 1,92% y en Educación el 1,82%.

Falta de acuerdo

La convocatoria de huelga se hizo firme tras la falta de acuerdo en la sexta reunión mantenida el martes entre la Junta de Castilla y León y los representantes sindicales UGT, CCOO y CSIF. El Ejecutivo regional proponía la entrada en funcionamiento de la medida el próximo 31 de marzo, mientras las centrales sindicales exigían que fuera el 1 de enero.

Con esa propuesta, la Junta aseguraba que había vuelto a ofrecer "nuevas muestras de flexibilidad" en su posición, tras las oferta de entrada en vigor el 1 de diciembre de 2020 y posteriormente la de 1 de junio de 2020.

Esta fecha propuesta por escrito ha incorporado como límite al cumplimiento de los requisitos que marcan el modo de actuar de la Junta en este tema: garantía de cobertura presupuestaria de la medida, compromiso de adecuada organización, actividad y calidad de los servicios públicos y equidad en la aplicación para todos los sectores. Asimismo, aseguraba la sostenibilidad en el tiempo de la aplicación de la medida.

La huelga general de funcionarios es la primera que se realiza en la historia autonómica de Castilla y León y se produce después de que el nuevo ejecutivo, formado por PP y Ciudadanos, no aceptase el acuerdo alcanzado entre los representantes sindicales y el gobierno anterior.

Prueba de fuego

El paro es además la primera prueba de fuego a la que se enfrenta el bipartito en sus apenas tres años de vida y se produce a apenas cuatro días de unas elecciones generales en la que los dos socios del bipartito, Ciudadanos, van a medir el coste de la movilización.

El Gobierno regional estima que la jornada de 35 años, que se suprimió con la crisis tendrá un coste de unos 120 millones de euros y ha culpado a la falta de presupuesto y a los atrasos del Gobierno a la hora de transferir los fondos de la financiación autonómica la moratoria de su entrada en vigor.

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Los funcionarios y sus sindicatos solo saben pedir prebendas para sus puestos de trabajo vitalicios. Por supuesto que desconocen la que es una huelga a la japonesa. Se trata no solamente de que les suban el sueldo si no de trabajar el menor número de horas posible con el mismo estipendio. Da cierto bochorno comprobar la actitud de estas personas para con el estado que somos todos, esa falta de respeto a los demás y el modo tan burdo y grosero que tienen de pedir demandas cada vez más abusivas.

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