La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha ofrecido datos sobre el Sistema de Dependencia en la Comunidad Autónoma al cierre del mes de junio, destacando un descenso de 5.511 personas pendientes de prestación, hasta las 21.408; un descenso de 2.771 pendientes de valoración, hasta las 3.372; y un aumento de beneficiarios de 4.711 hasta los 39.399, de los cuales 15.724 son de Grado III, 17.785 de Grado II, y 5.890 de Grado I.
Según estos datos ofrecidos durante la Comisión de Bienestar Social, al cierre del primer semestre había 2.285 usuarios más de ayuda a domicilio; 952 usuarios más de teleasistencia, 438 más de Centros de Día, 781 más con plazas residenciales, 258 más en el Servicio de Promoción y 335 dentro de la prestación vinculada al servicio.
En cuanto a las solicitudes pendientes de valorar, quedan 511 en Albacete, 467 en Ciudad Real, 535 en Cuenca, 505 en Guadalajara y 1.354 en Toledo.
Los datos de beneficiarios provincializados revelan que en Albacete hay un total de 16.516 dependientes reconocidos, 20.824 en Ciudad Real, 13.092 en Cuenca, 7.169 en Guadalajara y 23.015 en Toledo.
En toda la región se efectúan un total de 49.809 prestaciones, siendo las más numerosas las destinadas a Cuidados Familiares, con 14.180; seguidas de Atención Residencial, 10.763.
"GRAN ESFUERZO REGIONAL"
Aurelia Sánchez ha puesto de manifiesto el "gran esfuerzo" que se hace en Castilla-La Mancha "a pesar de que el Gobierno de España no cumple con sus responsabilidades financieras con la Comunidad Autónoma".
Así, según ha dicho, "de cada 100 euros que cuesta la atención, el Gobierno central solo aporta 18 por 63 de Castilla-La Mancha, cuando la ley dice que la aportación estatal debería tender al 50 por ciento".
Además, ha querido recordar que el Gobierno del PP en la región "hizo 5.000 revisiones de oficio disminuyendo grados y prestaciones", lo que dio lugar a "cientos de recursos, reclamaciones y procedimientos judiciales".
La consejera ha celebrado que en el último año la región "está avanzando" en esta materia, y pese a que en septiembre de 2015 el Observatorio de la Dependencia suspendía a la Comunidad Autónoma, meses después volvió al aprobado, con una puntuación de 5,71.
