Las Palmas de Gran Canaria
Canarias cuenta con una norma liberaliza la inversión en suelos no útiles y que sortea el salvoconducto de los poderosos cabildos insulares. Con esa medida, se pretendía desbloquear proyectos energéticos en la época de gobierno nacionalista; pero la administración canaria y ahora manda el PSOE, que ha optado por revisar el conjunto de normas vinculadas a la energía renovable y endurecer los criterios para la implantación de turbinas eólicas. Así, el PSOE ha decidido que establecerá criterios y zonas favorables para la instalación de parques eólicos en Canarias.
Mientras todo esto pasa en las islas, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha destinado 54,4 millones de euros a impulsar las instalaciones de energía eólica en el archipiélago canario para favorecer la entrada en funcionamiento de un mínimo de 160 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma entre 2021 y 2022.
La convocatoria será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinado a fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea, corrigiendo los desequilibrios que existen entre sus regiones. Los 54,4 millones de euros en subvenciones movilizarán una inversión privada adicional de unos 137 millones, lo que generará empleo local y permitirá la eliminación más de 232.000 toneladas equivalentes de CO2 al año (t eq. CO2/año), contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.
La posición del PSOE canario no es nueva. En marzo de 2019 el diputado regional Iñaki Lavandera dijo en que Coalición Canaria ha estado "manoseando la lucha contra el cambio climático, destroza el paisaje de Fuerteventura, va contra el planeamiento insular y de los municipios, aun conociendo que se está tramitando un reglamento insular de energías renovables que tiene como objetivo establecer criterios de localización que respondan al interés general y no al de unos inversores privados".
El consejero regional, José Antonio Valbuena, tiene previsto antes de 2022 establecer una norma que tendrá en cuenta el posicionamiento de los cabildos a la hora de ubicar estas instalaciones. Valbuena ha anunciado en comparecencia parlamentaria que el Ejecutivo autonómico establecerá criterios objetivos y zonas favorables para la instalación de parques eólicos que estén proyectados en las islas, a través del futuro Plan de Transición Energética en el que trabaja este Departamento y que concluirá a finales de este año.
Valbuena ha recordado que todos los parques instalados en Canarias, o en proceso de montaje, cuentan con la Declaración de Interés General otorgada en la anterior legislatura a través de un Decreto del año 2016, que eximió de evaluación ambiental a 19 parques eólicos del Archipiélago. El actual Gobierno de Canarias quiere dejar atrás esa política y optar por una planificación energética que tenga en cuenta, entre otros aspectos, la opinión de la ciudadanía y de los cabildos insulares a la hora de ubicar estas infraestructuras. "El objetivo es alcanzar una mayor penetración de renovables, pero teniendo como referencia una planificación regional que ordene los espacios y establezca criterios objetivables", defiende Valbuena.
En esta línea, el Gobierno de Canarias evitará la instalación de parques eólicos en suelos rústicos de protección ambiental, espacios protegidos y entornos que sean Red Natura 2000. Asimismo, se exigirá declaración de impacto ambiental positiva y se incluirá un proceso de participación pública en estos procedimientos. Por último, el Ejecutivo realizará un estudio de repercusión acumulada de la actual concentración de parques eólicos en las islas.
