
El sistema diferenciado de Canarias en materia de impuestos no es un privilegio sino que se basa en cuestiones históricas, y su evolución se adapta a los nuevos tiempos de la crisis económica. Una pandemia fue la que provocó que las islas tuvieran puertos francos. Salvador Miranda, economista, abogado y doctor en Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha desarrollado nuevas investigaciones que en 2021 ha publicado en Anuario de Estudios Atlánticos.
Tras la Conquista de las islas la Hacienda Real se acomodó a las circunstancias y se puso en marcha un sistema de descuentos fiscales para generar el poblamiento de las islas. La primera donde se activó este mecanismo fue en Gran Canaria en 1487 y era una moratoria de 20 años por un almojarifazgo del 3 %. A finales de 1507 se hizo a perpetuidad al 5%, hecho que se amplió en 1522 a La Palma y Tenerife.
Miranda Calderín recuerda que la renta del almojarifazgo fue la principal renta real que la Corona recaudó en Canarias en el siglo XVII cuando fueron regionalizadas y su dirección estuvo en manos de judeo-conversos portugueses y de un regidor de Tenerife, es decir, "que se privatizaron, de forma que los concejos insulares no las encabezaron como sucedió en el siglo anterior". Entre otros efectos, se generó que los diferentes intereses "conllevaron su apertura a otros países, y, en cierta forma, en su internalización". El interés principal de su titular no era la renta en sí, sino la posición predominante que obtenía en el comercio de las islas.
Por ello, la comparativa del importe de las rentas reales en Canarias con el total de las rentas de Castilla ofrece porcentajes que oscilan durante el XVII entre el 0,37% y el 0,55%, lo que da una referencia de la poca importancia que tuvieron en el contexto nacional". Sin embargo legan al 13% en 1655 sobre la renta del diezmo de la mar el porcentaje llegó a ser del 38% "pero no debemos olvidar que gran parte de la recaudación por las rentas reales en el archipiélago se destinó en esa centuria a cubrir los gastos en las islas y a satisfacer los juros que las gravaban", detalla Miranda Calderín. "Poco fue el remanente que se pagó en la corte", subraya el profesor.
Miranda Calderín subraya que quien mayor tiempo titulariza la renta al por mayor fue el regidor y capitán Luis Lorenzo Román, vecino de Garachico, casado con una hija del regidor Alonso de Llerena Carrasco y además emparentado con la élite isleña a través de sus hermanos. Su larga sombra y poder planeó sobre el almojarifazgo en tres década "si bien en esta recibió los recudimientos bianuales de la corte con evidente retraso, razón de que el concejo de Tenerife hubiese de administrar la renta a través de fieles en los tres puertos principales y terminó preso al no cubrir el precio ofertado en el almojarifazgo y declarándose en quiebra".
Otro gestor fue el judeoconverso portugués Francisco Rodríguez Vitoria, que pujó por la renta entre 1601 y 1610, "introduciendo una innovadora cláusula a su favor que le permitía el comercio entre las islas y Brasil con cuatro urcas alemanas y su retorno con azúcar". Por esa ventaja incrementó el precio de la renta un 26,1% respecto al anterior, pero la Corona incumplió el trato y no le permitió dicho tráfico. Otro judeoconverso portugués, Duarte Enríquez Álvarez, remató la renta de la década 1641-1650 en una cantidad muy parecida a la que había ofertado Rodríguez Vitoria en los diez primeros años 89 Con las tercias de las tres islas. Tuvo serios problemas con la Inquisición que hicieron que terminase sus días en Londres, alejado de la renta.