
Las autoridades canarias han debido afrontar la pandemia del coronavirus con escasos medios técnicos para sus profesionales y un horizonte adverso que se presenta en las islas por el cierre del turismo. La plaga devasta empleo, que ya antes era de un 20%. La vuelta a la normalidad que pide el Gobierno de Canarias al Ejecutivo central pasa por reactivar el sector servicios. Los Ertes presentados ya apuntan a 137.000 efectivos afectados. Al igual que el coronavirus tuvo su primer caso en Canarias este 2020, también en 1801 hubo una epidemia anterior que en la Península, que fue en 1705.
La historia apunta que los canarios aguantan de forma fuerte el confinamiento pero responden con dureza en las calles si sus representantes no están a la altura de las soluciones económicas que se demandan. En abril de 1837 hubo presencia de fiebre amarilla en Las Palmas y esto generó pánico en la sociedad civil por los antecedentes de la epidemia que hubo entre 1810 y 1811. Lo primero que pidió el Gobierno de Canarias al Ejecutivo central este 2020 fue el cierre del espacio aéreo. Y es que las fiebres amarillas de 1810-1811, 1838, 1846-1847 y entre 1862-1863 entraron por los puertos.
Un barco procedente de Cuba el 23 de agosto de 1838 trajo a tripulantes y pasajeros enfermos generando malestar en la población. La doctora y profesora de historia María José Betancor Gómez (ULPGC) apunta que "las protestas se demostraron desgraciadamente correctas, puesto que la primera familia afectada fue la del contramaestre del buque. Además, porque algunos de los marinos canarios que sustituyeron a los del bergantín, enfermaron y murieron a su vez, lo que incrementó el miedo popular". Los disturbios posteriores generó un estado de sitio. Fueron detenidos Gabriel Machín y José Alzola, campaneros de la Catedral de Santa Ana y Juan Vera, tambor de la Milicia Nacional del Mando de Canarias.
Las 'fake news' de la época las dieron las autoridades canarias: atribuyen estas muertes a "indigestiones". En 2020 ha debido ser cesada la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, por su jefe, Ángel Víctor Torres (PSOE), por no transmitir Cruz sus órdenes a la cadena de mando. Esto ha permitido a Torres llevar la getión del coronavirus con respaldos técnicos y de todas las fuerzas políticas. En 1838 el doctor Antonio Roig dijo que esa información era tóxica, que existía peligro. El doctor Chil, fundador de la Sociedad Científica Museo Canario, dejó escrito que Roig fue atacado por "personas de cierta posición que por intereses de familia y particulares fines habían introducido una enfermedad que ya era inevitable" y agrega: los médicos "no se portaron como correspondía en cuestión de tanta trascendencia". Solamente un médico que se llamaba Jerónimo Navarro defendió la tesis de Roig.
A juicio de Betancor, la conflictividad entre grupos sociales se genera porque al decretarse la incomunicación, la mayoría de las Autoridades y de las clases pudientes emigran de la ciudad, quedando únicamente "sobre todo los más menesterosos". "Los rigores de la incomunicación, unidos al malestar porque sus dirigentes se hubieran puesto a salvo, van a provocar los graves incidentes que ya conocemos. Prueba de la importancia que estos sucesos tuvieron, es que permanecerán en la memoria colectiva, como lo demuestra el que a raíz de la siguiente epidemia de fiebre amarilla padecida en 1846-47, se hará mención a la importancia de evitar los saqueos y alborotos de 1838".
Se estableció un confinamiento pero al mismo tiempo no se informó a la gente. La gente que se enteró a tiempo huyó al campo. Se estableció una cuarentena a toda la población con pena de muerte al que se la saltara. El 31 de diciembre de ese año el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas decide informar a la población formalmente. Y eso que el brote surgió el 23 de agosto de ese mismo año con una incidencia de 20 enfermos para cerca de 20.000 habitantes.
Betancor recuerda que la escasa presencia de las autoridades, unida a la problemática derivada del aislamiento, "van a originar una serie de graves incidentes que culminarán en una sublevación armada". La capital grancanaria se vuelve una anarquía: saqueos, tentativas de incendiar casas, robos y otros desórdenes. "El malestar terminó concretándose en acciones violentas", recuerda la profesora de la ULPGC. Debió intervenir el Ejército de Tierra en una ciudad con "resentimiento de los que se habían tenido que quedar en la ciudad, enferma, aislada y con dificultades de abastecimiento, contra los que habían podido huir".
La doctora Betancor apostilla: "la ira popular iba dirigida sobre todo, contra aquellos que por sus cargos políticos y profesionales, debían de haber permanecido en ella cumpliendo con su deber. Recordemos, que las principales autoridades civiles y militares, así como la mayoría de las clases pudientes, habían salido de la ciudad, por lo que en ésta permanecieron fundamentalmente los pobres". Las tropas intentaron frenar a la población violenta y se articuló hasta la defensa con piezas de artillería. El dos de enero de 1839 se puso fin al aislamiento sin derramamiento de sangre.