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En los últimos años, el sector energético español ha estado marcado por una sucesión de vaivenes regulatorios que han generado incertidumbre, demandas multimillonarias y fuga de inversiones. Mediada la segunda década del siglo XXI, la falta de un marco jurídico justo y, sobre todo, estable, podría tener un coste mucho más profundo y poner en riesgo tanto los objetivos climáticos que España comparte con sus socios europeos como la competitividad con la que el bloque pretende hacer frente a las potencias china y estadounidense.
Medidas fiscales excepcionales, como el impuesto a la producción eléctrica o el gravamen extraordinario a las energéticas, ejemplifican cómo las políticas públicas pueden desincentivar las inversiones necesarias para la transición energética. Aunque el gobierno español presume de estar en cabeza de la descarbonización, sus políticas energéticas siguen generando dudas en un contexto en el que la fragilidad parlamentaria no hace más que agudizar la incertidumbre.
La dificultad legislativa del gobierno ha vuelto recientemente a la actualidad, poniendo en tela de juicio la continuidad de dos impuestos que estrangulan la actividad de inversores y empresas y que encarece sustancialmente la factura energética. El impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, conocido como el "impuesto del 7%", grava los ingresos de todas las instalaciones de generación eléctrica en España, sea cual sea su origen.
Aunque en ocasiones se ha justificado como un impuesto medioambiental, en realidad se trata de una tasa puramente recaudatoria, ya que se aplica tanto a centrales contaminantes como a las que no lo son. El impuesto, introducido en 2012, es un ejemplo de cómo una medida fiscal puede distorsionar el mercado, motivo esgrimido por PP y Junts para lanzar una iniciativa en el Congreso que busca suprimir esta polémica tasa. Aunque esta tasa fue suspendida temporalmente durante la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania, el gobierno socialista quiere reintroducirla este año.
Pero una iniciativa liderada por el PP y Junts en el Congreso busca suprimir esta tasa. La medida -que según fuentes del PP supondría un ahorro anual de casi 400 millones de euros para los consumidores domésticos y de 700 millones de euros para el comercio y la industria- está actualmente en el limbo parlamentario. Y es que el impacto de este impuesto no recae directamente en las empresas generadoras ya que las compañías lo repercuten en sus ofertas al mercado eléctrico, lo que encarece la factura final.
Según estimaciones de la industria, eliminar este impuesto podría generar un ahorro anual de 37 euros para los hogares y hasta 40.605 euros para las grandes empresas. Pero, al margen del coste, penaliza la electricidad frente a fuentes más contaminantes y contradice el espíritu de los objetivos climáticos. El otro gran caballo de batalla que afecta al sector es el gravamen temporal a las energéticas introducido en 2022 y que grava al 1,2% los ingresos de las principales empresas energéticas con facturaciones superiores a 1.000 millones en 2019.
Aunque la ley prohíbe que las empresas repercutan este impuesto a los consumidores, su diseño afecta las estructuras de los costes variables y, en la práctica, también encarece los precios de la electricidad. A diferencia del impuesto del 7%, este gravamen exime a las empresas más pequeñas y a los ingresos derivados de actividades reguladas, como el transporte y distribución de electricidad. Sin embargo, genera igualmente distorsiones en el mercado al hacer menos competitiva la generación nacional frente a las importaciones no sujetas a esta tasa. Se da así la rocambolesca situación de que en ocasiones España debe importar electricidad de países vecinos, a pesar de poder generarla con menores costes en centrales nacionales que no funcionan debido a estas cargas fiscales.
El conocido como "impuestazo" fue introducido por un período de dos años, pero el gobierno busca extenderlo mediante un Real Decreto cuya convalidación en el Congreso prevista para el miércoles 22 se antoja compleja al contar con el rechazo frontal de las mismas formaciones políticas que se oponen a la tasa sobre la producción. Claro ejemplo de la inseguridad jurídica que representa, el diseño de este gravamen choca con un reglamento europeo que exige contribuciones solidarias sobre beneficios extraordinarios, pero no sobre ingresos. De ahí que la tasa haya sido recurrida ante la Audiencia Nacional, que estudia si debe plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.
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