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El Banco de España ha elevado su estimación del crecimiento de la economía española para 2024 en cuatro décimas, hasta el 2,3%. La OCDE también ha revisado al alza su pronóstico, subiéndolo una décima, hasta el 1,8%. Aunque ambas entidades advierten sobre los riesgos del aumento de la inflación al 3% y del elevado nivel de deuda de España, esos indicios son positivos.
Pero este crecimiento del PIB no se refleja en una mayor inversión. Según el servicio de estudios del BBVA, en 2023 la inversión por persona en edad de trabajar fue en España de 2.217 euros, un 5,3% menos que en 2001. Esta cifra es baja comparada con una media de 3.282 euros en los 27 países de la Unión Europea, que además la han incrementado un 35,6% desde 2001. ¿Qué sucede? BBVA Research lo tiene claro: "España necesita una estrategia a medio y largo plazo para incentivar la inversión, mejorar las oportunidades de creación y crecimiento de las empresas, y atraer el capital físico productivo, humano y tecnológico necesario para afrontar la transición energética y digital, y retomar la senda de convergencia en empleo, productividad, renta per cápita y bienestar con los países de la UE".
En este contexto, surge la polémica por las necesidades de inversión ligadas a la transición energética, un axioma defendido por las formaciones de izquierdas pero a menudo no respaldado con hechos. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha abierto un periodo de consultas antes de aprobar el Real Decreto que modificará el actual límite de inversión en redes de transporte y distribución de electricidad.
Estamos ante una oportunidad única, que como país debemos aprovechar. Solo un marco normativo flexible, que contemple inversiones anticipadas y una planificación eficiente y moderna de las redes nos permitirá alcanzar los objetivos climáticos y económicos, y garantizar la competitividad de la industria. Desde Foro Mercado Libre abogamos por eliminar límites caducos, que no responden al contexto socioeconómico y frenan el progreso industrial y energético del país, así como sus ambiciones de convertirse en un referente de la descarbonización y la promoción de energías renovables.
Los vigentes topes a las inversiones datan de 2013, en medio de una crisis económica global que llevó a España a priorizar la reducción del gasto público. Con la economía griega intervenida y el Ejecutivo español, liderado por Mariano Rajoy, enfrentando la quinta reforma eléctrica en un año, se redujeron las primas a las energías renovables, una herencia de la que penden una treintena de condenas multimillonarias en los tribunales internacionales de arbitraje.
Aquel giro brusco en la promoción de las energías limpias, que provocó numerosas críticas por crear inseguridad jurídica y ahuyentó a muchos inversores, vino acompañado de un límite legal a la inversión en infraestructura eléctrica que es imprescindible para atender el aumento en la capacidad de las tecnologías de generación limpia. El Gobierno estableció entonces un límite anual del 0,13% del PIB para la inversión en redes de distribución, que es responsabilidad de las eléctricas pero se refleja en la factura de los consumidores; y del 0,0065% para el transporte, responsabilidad éste de Red Eléctrica.
Hoy, estos límites no tienen sentido en una Europa que ha aplicado el mayor paquete de estímulo de la historia para impulsar un crecimiento basado en la inversión, la transición ecológica y la transformación digital. Además, contravienen uno de los principios de la política industrial europea, que prioriza la electrificación como elemento central.
Cuando la industria y la independencia tecnológica son más importantes que nunca, España sigue rezagada frente a otros países europeos debido un entorno institucional que no apoya la actividad empresarial ni garantiza la libre competencia. España sigue siendo uno de los países europeos donde menos pesa la industria en el PIB, muy lejos del objetivo del 20% fijado por la CE en su ya remoto Horizonte 2020.
La energía, especialmente la electricidad, juega un papel crucial en este proceso de reindustrialización. Por ello, necesitamos un marco normativo que otorgue mayor libertad a las industrias en materia de inversiones e innovación. Este enfoque mejoraría el desarrollo de actividades prioritarias, como la electrificación y la digitalización, que son esenciales para alcanzar los objetivos climáticos del propio gobierno y para fortalecer de paso nuestra cadena de valor industrial.
Eliminar las trabas administrativas y adoptar una política fiscal que incentive las inversiones industriales, especialmente en sectores de alto valor añadido, son recomendaciones clave. La electrificación de sectores como el transporte y la industria electrointensiva depende de la capacidad de las redes eléctricas.
Además de dar entrada a los numerosos proyectos de generación renovable que esperan su conexión a una red que hoy carece de suficiente capacidad debido al límite a la inversión, la regulación debe también garantizar un flujo de inversión capaz de atender la demanda futura. El nuevo Real Decreto debe incluir un apartado específico para promover y potenciar las inversiones anticipadas en redes eléctricas. Es imperativo que la nueva regulación considere las directrices establecidas al respecto tanto por la Agencia de la UE para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) como por el Consejo de Reguladores Europeos de Energía (CEER).
La planificación de las redes también es crucial. La modificación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 ha sido criticada por su rigidez. Desde el Foro apoyamos la propuesta de abrir este mismo año 2024 un nuevo proceso de audiencia pública para mejorar dicho plan. La tramitación de la nueva planificación prevista para finales de 2025 podría poner en riesgo numerosos proyectos industriales.
Igualmente, es imprescindible modernizar, reforzar y digitalizar la infraestructura. La implementación de tecnologías avanzadas en las redes permitirá integrar eficientemente la generación de energía renovable, mejorando la estabilidad y fiabilidad del suministro eléctrico. La digitalización también facilitará una gestión más inteligente y adaptativa del flujo eléctrico, reduciendo pérdidas y optimizando el uso de los recursos. Sin una red eléctrica modernizada, la transición hacia una economía descarbonizada se vería significativamente ralentizada, comprometiendo el cumplimiento de los objetivos.
Producido por EcoBrands
