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El debate en torno al uso de la energía nuclear sigue estando de actualidad en esta época del compromiso inequívoco con la transición energética. Su promoción divide a países como Francia y el Reino Unido, que apuestan fuerte por esta tecnología y a otros que, como España o Alemania, buscan cerrar el telón atómico lo antes posible.
Pero, más allá de las discusiones sobre las bondades o maldades de la tecnología, la transición energética exige una cuidadosa consideración del apagón nuclear inminente ya que el uso de esta energía, guste más o menos, es fundamental para garantizar la seguridad del suministro eléctrico y facilitar el tránsito hacia tecnologías limpias que aún no pueden cubrir las necesidades energéticas. Ahí están los resultados de la última cumbre del clima (COP 28), en la que una veintena de países acordaron triplicar la capacidad de la energía nuclear para 2050 mientras madura la implementación y desarrollo de la generación renovable.
En la enésima revisión del Plan General de Residuos Radiactivos entre 2027 y 2035, el Gobierno de Sánchez ha lanzado una propuesta que plantea incluso la amenaza de supervivencia del parque nuclear antes de la fecha de clausura de las centrales, al reducir de nuevo la competitividad de una industria fuertemente castigada. La nueva normativa contempla un aumento impositivo para la gestión de residuos a cargo de las empresas operadoras de las centrales que duplica lo acordado anteriormente, asfixiando un sector que acumula pérdidas de 1.300 millones de euros en la última década.
La España del sol y el viento que ya genera la mitad de la energía con fuentes renovables no puede dormirse en los laureles y no coordinar un cierre nuclear equilibrado. Y no puede hacerlo a riesgo de enfrentar riesgos no previstos, pero tan reales como el problema de sequía actual, agravado por un déficit estructural de inversiones en infraestructuras, que ha requerido un plan de emergencia multimillonario de desalinización y digitalización de los recursos hídricos.
La energía nuclear ha sido la única tecnología que ha producido más del 20 por ciento de la electricidad en España durante doce años consecutivos, con una operatividad cercana al 90 por ciento. Pese al aumento sustancial de la producción en España, las renovables no pueden cubrir de un día para otro la producción nuclear. Además, la intermitencia de las fuentes renovables y la fase de desarrollo y coste en el que están las tecnologías de almacenamiento plantean desafíos adicionales en el medio plazo.
"Las renovables no son capaces de absorber toda la demanda de electricidad que las centrales nucleares cubren actualmente. Esto se debe principalmente a que su capacidad no es flexible, y a que otras posibles tecnologías flexibles (baterías, almacenamiento, interconexión...) no se están desarrollando lo suficientemente rápido como para cubrir el calendario previsto de desmantelamiento de las centrales nucleares", explican los analistas del think tank medioambiental Oikos en un informe sobre la transición verde.
Para establecer un orden de magnitud, serían necesarios casi 37.000 MW de potencia solar instalada adicional (1,5 veces la actual potencia fotovoltaica y un 30% de la potencia instalada total del sistema eléctrico español) para sustituir la producción equivalente de los siete reactores nucleares en funcionamiento. Este cálculo tiene en cuenta que el rendimiento actual de la nuclear es cinco veces superior al de la solar fotovoltaica que solo genera electricidad cuando hay sol.
Además, para disponer de un MW de potencia eléctrica en una fotovoltaica se necesitan dos hectáreas de terreno, por lo que sería necesario construir placas en 74.000 hectáreas del territorio español para compensar el cierre nuclear. Para poner en perspectiva esta cifra: supondría llenar de placas el equivalente a 1,3 veces la superficie del cultivo del arroz en España. En función del tiempo transcurrido hasta que las nuevas instalaciones renovables obtuviesen los permisos necesarios, no hay que olvidar que la burocracia demora hasta cuatro años los trámites en España, y se pusieran en marcha, el cierre de las nucleares implicará un aumento de la producción de los ciclos combinados, cuyo mayor uso incrementaría de forma exponencial las emisiones de gases invernadero responsables del cambio climático.
La clausura de los reactores sumará la emisión del equivalente a casi tres años de gases de efecto invernadero en el país, según Oikos. Es decir, unos 28 millones de toneladas de CO2. "En términos de valor de mercado, el coste total de estas emisiones adicionales sería de 3.400 millones de euros teniendo en cuenta los precios previstos del CO2", añaden.
Las recetas de cierre no están escritas ni son siempre las mismas. El gobierno belga ha optado por extender la vida útil de reactores nucleares, argumentando que esta extensión asegura el abastecimiento presente y consolida el camino hacia la independencia energética. El acuerdo con Engie, la empresa titular de los reactores, establece un importe fijo por la gestión de los residuos nucleares y la remuneración de la electricidad a través de contratos por diferencia (CfD), que garantiza un precio mínimo para la producción de energía.
Por el contrario, Alemania, que el año pasado clausuró sus centrales nucleares, ha aprobado subvenciones para construir 10.000 MW en centrales de gas. La condición de Berlín es que los promotores de las plantas incluyan en el diseño un plan para sustituir el gas por el hidrógeno verde en algún momento entre 2035 y 2040. Pero esto todavía es un futurible y mientras estos ciclos combinados emitirán cantidades ingentes de CO2.
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