En España las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron en el año 2020 cerca de 22,4 millones de toneladas de residuos, la mayor parte corresponden a residuos mezclados y solo 5,1 millones de toneladas de basura fue separada correctamente. Son datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística, y que, si lo comparamos con el año 2019, la recogida de residuos separada aumentó un 1,6%. Pueden parecer datos esperanzadores, pero la realidad es que, a fecha de hoy, sigue habiendo una brecha importante entre las necesidades de los municipios españoles y los objetivos planteados en la reciente normativa aprobada, la Ley 7/2022 de 8 de abril sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuyo objetivo es reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta un uso eficiente de los recursos.
En España hay un exceso de residuos y un problema con la separación y reciclaje de los mismos. Hasta ahora, generes la basura que generes, como ciudadano pagas, en buena parte del territorio español, una tasa fija de residuos municipales que incluye los costes de recogida, tratamiento y eliminación de residuos en tu localidad. Esto no ocurre en otros países de Europa en los que se paga en función de la cantidad y del tipo de residuos generados de manera individual, mediante modelos más sostenibles de recogida como, por ejemplo, el pago por bolsa. Donde los ayuntamientos ofrecen a los vecinos bolsas de basuras homologadas de uso obligatorio con un coste por cada una de ellas. Cada residuo debe ir en su bolsa correspondiente. Si generas muchos residuos tienes que comprar más bolsas, o si los residuos encontrados en una bolsa no son los correctos se debe pagar una multa. Por eso se dice que pagas por lo que produces. Esto se aplica tanto a domicilios como a comercios.
Novedades de la Ley 7/2022
La nueva ley recoge la premisa de "quien contamina paga", es decir, establece un sistema de pago basado en la generación real de basura de cada ciudadano y su grado de participación con incentivos en el caso de que se recicle adecuadamente o se genere menos residuos. De esta manera, las tasas pueden ser un instrumento fundamental para la necesaria transformación de la economía hacia una mayor prevención, tratamiento, gestión y pago de estos servicios por parte de los vecinos. Estamos ante una normativa que incorpora otras novedades importantes:
- Concepto de recogida "puerta a puerta", es decir, un modelo de mayor eficacia económica en el que se prioriza los modelos de recogida más sostenibles y eficaces.
- Uso de contenedores inteligentes o cerrados.
- Nuevos impuestos ambientales para incentivar la reducción en la generación de residuos.
- Obligación por parte de los ayuntamientos de incorporar en las tasas municipales la recuperación íntegra de todos los costes de la prestación; desde la recogida y el transporte hasta el tratamiento de los mismos.
Consecuencias
Tanto las distintas administraciones, como los gestores municipales, expertos, productores de residuos y los propios ciudadanos están interesados en saber cómo les va a afectar esta nueva ley a partir de ahora. Si bien es cierto, que muchos ayuntamientos llevan años implantando modelos de recogida más sostenibles y eficaces como el contenedor marrón o incluso en algunas CCAA el sistema "puerta a puerta" o contenedores "inteligentes", junto a nuevos modelos de fiscalidad ambiental, la mayoría de los municipios españoles aún no han consolidado aspectos importantes como la recogida de la fracción orgánica.
Las entidades locales se enfrentan, por tanto, a un complejo proceso de adaptación; desde la posibilidad de cobrar tasas que fija la actual ley reguladora de las Haciendas Locales, a la imposición de la nueva ley de residuos que les obliga en un plazo de 3 años (antes del 2025) a establecer una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributario, específico, diferenciado y no deficitario, que refleje el coste real de las operaciones de recogida, gestión y tratamientos de los residuos en el municipio, tanto los domésticos como los comerciales.
Una ardua gestión, en la que empresas como PWACS, consultora líder en Servicios Públicos Urbanos, tienen larga experiencia en todo el proceso relacionado con la gestión de residuos, ofreciendo soluciones y apoyo a los ayuntamientos en esta materia. Desde su experiencia, conocimiento y compromiso en el sector de residuos urbanos, su directora en Cataluña, Marta Camps, explica lo que importante que es en estos momentos para los ayuntamientos conocer todos los pasos que hay que dar para adecuarse a la nueva normativa "no solo en la preparación de pliegos de contratación para la gestión de la recogida, el transporte y el tratamiento, sino también en la fiscalización de la ejecución de los mismos, desde el punto de vista de la calidad de la prestación para el ciudadano principalmente, y, en último caso, en los estudios económicos y financieros para poner al día la tasa que los ayuntamientos cobran a los usuarios".
La nueva normativa viene a incorporar un nuevo cambio cultural que será eficaz desde el punto de vista ambiental y económico si de verdad se implantan sistemas eficientes de recogida, se separan las fracciones orgánicas y se fomenta el reciclaje hasta conseguir cotas que dupliquen o tripliquen la media actual. Tal y como nos recuerda Marta Camps desde PWACS, "la nueva ley obliga de alguna manera a todos los gestores y técnicos de las administraciones competentes a tener que prestar mucha más atención a la planificación de la gestión (con la obligación de aprobar programas de gestión de residuos en municipios de más de 5.000 habitantes, por ejemplo), a intentar reducir las ineficiencias en los procesos de contratación pública y de ejecución de los contratos de gestión de residuos o a cambiar y actualizar las ordenanzas fiscales para introducir la obligación de recuperación íntegra de los costes, entre otros".
Son muchos los ayuntamientos que, ante la obligatoriedad de esta ley y los beneficios que conlleva, se han puesto ya en manos de empresas para encargar estudios económicos y financieros con el fin de analizar la composición de la tasa de residuos actual, el nivel de recuperación de costes o el cálculo de los gastos que debe pagar cada ciudadano de la manera más justa, y siempre desde un punto de vista sostenible y eficiente.
Desde su compromiso con el medio ambiente y el bienestar social, PWACS está especializada en el análisis y estudio de la nueva tasa municipal de residuos que recoge la normativa. Su objetivo de trabajo es mitigar al máximo las consecuencias que pueda tener para los ciudadanos la previsible subida de este impuesto, teniendo en cuenta distintas variables; tales como la base imponible de la figura tributaria a partir de los datos del catastro y del censo, proponiendo a su vez beneficios fiscales y bonificaciones tanto ambientales como sociales en función de la tipología de recogida que se esté aplicando en cada municipio.
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