Madrid
No son tiempos fáciles para ningún sector en el ámbito productivo. La actual crisis mundial de suministros está limitando la disponibilidad de materias primas y componentes, a lo que se suma el incremento impredecible y sin precedentes de los costes de las propias materias primas, la energía, de la cadena logística/de transporte y laborales.
Se trata de un escenario del que tampoco escapan las empresas del Sector de Tecnología Sanitaria y por el cual muestran su preocupación. No es baladí, dado su carácter esencial y estratégico para el sistema sanitario y la sociedad, como ha puesto de manifiesto, más si cabe, la pandemia de la Covid-19.
Los datos dan buena cuenta de la actual problemática. Por citar algunos ejemplos, los precios industriales subieron un 1,6% en abril de 2022 con relación al mes anterior y se dispararon un 45% respecto a su tasa interanual. En esta misma línea, se asiste al periodo de mayor incremento del coste de la electricidad durante el último lustro -187,12 euros/MWh en mayo de 2022 frente a 74,09 euros/MWh en mayo de 2021-. Respecto al coste de otros factores, la 'radiografía' se repite: el precio del transporte en mayo de 2022 aumentó un 2,9% respecto a abril, situándose su tasa interanual en el 14,9%, presentando una inflación acumulada del 9,8%. La evolución que refleja el IPC tampoco deja lugar a dudas: su tasa de variación interanual en España en mayo de 2022 se situó en un 8,7%, con una inflación acumulada en 2022 del 4,1%.
Pese a este entorno macroeconómico sin precedentes, las empresas que ponen la Tecnología Sanitaria a disposición de pacientes y profesionales están dando lo mejor de sí para minimizar los efectos de esta situación y asegurar la actividad en hospitales y centros sanitarios. Ahora bien, estos esfuerzos no deben 'tapar' una realidad: el impacto del incremento de los costes en la actividad de este Sector dificulta la viabilidad de muchas empresas y el acceso de los pacientes a la Tecnología Sanitaria. Por ello, resulta imprescindible revisar la normativa de contratación pública que, desde la Ley de Desindexación de la economía española de 2015, no permite que los contratos públicos puedan actualizarse con el IPC.
Es necesario aplicar medidas que garanticen el equilibrio económico-financiero de los contratos con las administraciones
Esta 'tormenta perfecta' requiere de la adopción inmediata de medidas como la puesta en marcha de un plan de choque que permita maximizar la disponibilidad de materias primas y componentes electrónicos a fin de garantizar el acceso de los pacientes y profesionales sanitarios a la tecnología sanitaria de calidad, así como habilitar mecanismos de indexación de costes que permitan mantener el equilibrio económico-financiero de los contratos con las administraciones públicas y posibles bonificaciones fiscales.
"Es necesario garantizar que haya un equilibrio económico-financiero en los contratos públicos de Tecnología Sanitaria y que los incrementos y potenciales decrementos de costes puedan ser compartidos entre las administraciones y el sector para garantizar la viabilidad de una prestación sanitaria de calidad que ofrecer a los pacientes", indica Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). "La Tecnología Sanitaria son productos de primera necesidad que permiten diagnosticar, tratar y curar las enfermedades de los pacientes. Este entorno geopolítico y económico tan comprometido requiere de un paso adelante por parte de las administraciones que garantice el acceso de los pacientes a ellos", añade.
Así, del mismo modo que se han tomado medidas para poder indexar los contratos de obras públicas, resulta imprescindible y urgente garantizar que los contratos públicos sanitarios puedan también indexarse a los costes a fin de seguir contando con un sistema sanitario público de calidad.
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