El día 12 de julio se dibuja en rojo en el calendario que marca la historia del Banco Popular. Los dos últimos expresidentes de la entidad, Ángel Ron y Emilio Saracho, darán por primera vez la cara en público el próximo jueves para explicar la caída del banco en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera en España.
Los dos expresidentes llevan sin comparecer de forma oficial desde que la Junta Única de Resolución (JUR) europea intervino la entidad el 6 de junio del año pasado ante un grave problema de liquidez. Sin embargo, muchos de los más de 300.000 antiguos accionistas del banco que perdieron todo su dinero, y sus respectivos representantes legales, se cuestionan aún si la caída fue un problema de falta de liquidez o de solvencia.
El secretismo sobre el banco es la tónica que rodea el caso empezando por los informes confidenciales sobre la valoración de la entidad que la JUR se niega a publicar de manera completa, continuando por si la entidad tenía bien contabilizados los activos problemáticos y terminando en si hubo ocultación de pérdidas.
Las respuestas se están haciendo esperar y, hasta ahora, la única vía para conocer qué pasó en las tripas del banco es la judicial, con la respectiva lentitud que le acompaña. El celo de los antiguos presidentes de la entidad a dejarse ver es tal, que el propio Saracho se ha negado a acudir a los tribunales de instrucción a declarar como testigo ante las denuncias de los afectados para recuperar la inversión que realizaron en la ampliación de capital de mayo de 2016. La negativa del exbanquero de presentarse ante el juez le ha costado una multa de 500 euros. Saracho alegó ante la magistrada que acudir al tribunal socavaría su defensa en el proceso penal abierto contra él en la Audiencia Nacional.
Su antecesor tampoco se ha prodigado demasiado en actos públicos, con la excepción de dejarse ver en algún desayuno informativo con motivo de la salida de José María Linde como gobernador del Banco de España. Precisamente, Linde ha sido el único compareciente que ha acudido dos veces a la comisión sobre la crisis financiera y el que realizó las declaraciones más severas sobre la realidad de la entidad.
El exgobernador reconoció en abril que fue una mala decisión no nacionalizar el Popular en 2012, cuando se evidenciaron las necesidades de capital del banco. Las pruebas de estrés de la consultora Oliver Wyman señalaron que la entidad necesitaba 3.200 millones. Sin embargo, el banco no requirió ayuda pública y acudió al mercado para conseguirlo. Linde explicó que entonces fue una "alegría" que el Estado no tuviera que financiar a una entidad más. "Pero, efectivamente, post factum, uno se pregunta si eso fue una decisión buena o mala, quizá fue mala, efectivamente -aseguró-, pero esto se ve ahora".
Los dos expresidentes de la entidad enfrentarán preguntas de los distintos grupos parlamentarios respecto a las declaraciones de Linde, además de un sinfín de cuestiones para intentar dar luz a qué llevó a caer a la que era la sexta mayor entidad del país. Sin embargo, ambos comparecientes podrán declinar algunas explicaciones si entroncan directamente con los asuntos que están bajo investigación judicial, circunstancia bajo la que ambos podrían ampararse y guardar más silencio del esperado.
De momento, hoy empieza una semana clave para el Popular con la comparecencia de Ignacio Pardo, uno de los inspectores del Banco de España que supervisó la entidad. El miércoles acudirá Gonzalo Sánchez, presidente de PwC, firma que auditó el Popular los últimos 35 años. Finalmente, el 18 de julio irá al Congreso Rodrigo Echenique, actual presidente del banco y presidente de Santander España.
