La resolución del Banco Popular el pasado 6 de junio dejó lecciones aprendidas y problemas por resolver. El exministro de Economía, Luis de Guindos, fue el primero en apuntar en Bruselas, tan solo diez días después de la intervención de la que era la sexta entidad del país, a la necesidad de un instrumento europeo capaz de ofrecer liquidez a las entidades en apuros a punto de ser intervenidas.
La reflexión llegaba tras la precipitada caída del banco entonces presidido por Emilio Saracho, que vio cómo en cuestión de cuatro días quedaba desierto el proceso privado de venta, salieron casi 3.000 millones de euros en depósitos, el Banco Central Europeo (BCE) le negó la liquidez de emergencia y tuvo que declararse inviable ante la imposibilidad de abrir las ventanillas al día siguiente.
La inmediata compra del Santander, el 7 de junio, permitió al Popular abrir sus puertas a los clientes sin ningún problema, aunque bajo el respectivo apoyo del grupo cántabro, que tuvo que inyectar más de 13.000 millones de euros a la entidad para que continuara operando con normalidad.
Propuestas
Hasta el momento, Europa había focalizado sus esfuerzos a la hora de financiar la resolución de un banco en el refuerzo de capital propio de las entidades con el fin de absorber en solitario sus pérdidas y evitar la necesidad de ayuda pública. Sin embargo, el fin del Popular ha dejado en evidencia la carencia de un mecanismo de liquidez europeo que se active en el momento preresolución de una entidad y postresolución.
El Banco Central Europeo negó a la entidad española la línea de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) ante la falta de garantías suficientes aportadas por el Popular. Esta negativa le llevó de cabeza a la resolución. Europa estudia ahora la puesta en marcha de un fondo de liquidez que actúe como último recurso cuando el BCE deniega la inyección por falta de colaterales, y a la par, también se active como primer recurso, es decir, cuando una entidad ya ha sido resuelta y echa a andar de nuevas. En estos casos, con un banco limpio tras absorber sus propias pérdidas también sería necesario un empuje de liquidez para poder abrir sus oficinas y seguir funcionando.
El Parlamento Europeo ya ha puesto dos propuestas sobre la mesa para la creación de este fondo. De un lado, plantea transformar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede, por sus siglas en inglés) en una institución similar al Fondo Monetario Internacional (FMI) europeo que sirva para inyectar liquidez a las entidades en apuros, y de otro, que asuma esta responsabilidad el actual Fondo Único de Resolución (FUR). Este último mecanismo se creó para apoyar financieramente las resoluciones de bancos en la eurozona y se alimenta con la aportación de las entidades de la zona euro que tienen que inyectar el equivalente al 1% de sus depósitos hasta 2024.
De momento, estas son las dos vías principales que Europa plantea y, previsiblemente, anunciará una solución al respecto este mes de junio, según informan fuentes del sector financiero.
El sector financiero nacional y europeo ha hecho hincapié a lo largo de este último año en que la resolución del Popular fue épica en la medida que no necesitó una inyección pública y garantizó los ahorros de los depositantes. No obstante, para la Junta Única de Resolución (JUR) supuso su estreno no exento de críticas.
Críticas a la JUR
Las declaraciones que hizo la presidenta de la institución, Elke König, el 31 de mayo del año pasado, en las que aseguró que la JUR tenía al Popular en el foco precipitó, aún más si cabe, la salida de depósitos del banco, incluyendo la retirada de los fondos de las propias Administraciones Públicas.
En este incipiente camino, la institución también demostró su falta de transparencia a la hora de informar en qué basó la decisión para resolver el banco. A día de hoy, no se conoce de forma íntegra el documento de Deloitte en el que se apoyó la JUR. La consultora tampoco quedó libre de críticas por la rapidez en la que realizó su valoración. Deloitte dibujó un escenario negativo del Popular, que alcanzaba los 8.000 millones de pérdidas y por tanto daba la resolución como el mejor camino para los accionistas ante un concurso ordinario de acreedores. Un tercer informe tendrá que demostrar si la intervención fue la mejor vía para los inversores y, en caso de que un proceso concursal hubiera sido más beneficioso, podrán reclamar la diferencia.
Finalmente, el papel del BCE, supervisor de las entidades europeas, también quedó en entredicho por su falta de capacidad para ver lo que estaba ocurriendo en el Popular, según indican fuentes del sector financiero a este diario. Estas mismas fuentes se preguntan cómo el organismo fue incapaz de ver un agujero de 8.000 millones de euros cuando Deloitte lo encontró en los 15 días que tardó en realizar su informe. A toda esta vorágine de acontecimientos se le suman las múltiples actuaciones judiciales de los afectados que se agolpan en los juzgados, tanto a nivel europeo, civil, contencioso administrativo y penal.
En la actualidad, el Popular sigue dando servicio bajo la red del Santander a la espera de culminar el proceso de integración en 2019. A diciembre del año pasado, los depósitos del banco se situaban en 64.960 millones de euros, frente a los 52.900 millones con los que cerró junio de 2017, el mes de su resolución. La entidad continúa ahora su camino siendo precursora en dar la voz de alarma ante la falta de un mecanismo de liquidez ante resoluciones.