Banca y finanzas

Lamela manda al banquillo a López Abad y otros directivos de la CAM por las operaciones en el Caribe

  • El ex director general ya ha sido condenado por falsedad contable
  • No prosperaron los procesos por cuotas participativas y las dietas
El ex director general de la CAM, Roberto López Abad.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe y propone juzgar a trece investigados, entre ellos al ex director general Roberto López Abad, por delitos de apropiación indebida y administración desleal.

La juez entiende que existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013. Señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal SL.

El auto describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la UCO expresa en todas ellas una "serie de irregularidades comunes", tales como documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos, los cuales "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal". Además, remarca que las propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.

De esta forma Roberto López Abad y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, afirma Lamela, "consintieron que ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".

Sanciones del Banco de España

La juez explica que conforme expresa el informe emitido por Deloitte SL en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012 "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados Roberto López Abad y Daniel Gil en el seno de la CAM realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad".

"Y así lo entendió el Banco de España reflejando en el expediente sancionador que los Miembros de la Comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la Comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP, deficiencias que supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.

El escrito señala cómo el 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de CAM y designó al FROB como administrador provisional. Como consecuencia de ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos, a través de una inyección de capital en diciembre de 2011. Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, reseña el auto.

Roberto López Abad ya fue condenado a 3 años de prisión por el delito societario continuado de falsedad contable por la quiebra de la caja de ahorro que fue absorbida por Banco Sabadell junto Maria Dolores Amorós, que también dirigió la entidad financiera.

Tras la caída de la CAM se abrieron varias causas penales contra toda la cúpula directiva, tanto por las remuneraciones como por la colocación de participaciones preferentes. Las acusaciones de estafa a gravada, apropiación indebida ,administración desleal y falsedad en documento mercantil por las remuneraciones obtenidas no prosperaron cuando el proceso pasó a la Sala de lo Penal.

La misma juez que hoy propone juzgar a los 14 investigados ya archivó la causa por el quebranto de 467 millones en operaciones inmobiliarias.

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Comentarios 8

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jordi
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Ya era hora . En concreto los empresarios Juan Vicente Ferri y Jose salvador Baldo empezaron comprando hoteles y parcelas en Playa del Carmen , Mexico, en el año 2004. Por tanto los supuestos delitos fiscales vienen de lejos , lo mismo que el descontrol o connivencia de la administracion en supervisar las operaciones.

Puntuación 15
#1
Elliot Ness
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No les van a hacer nada, esta gent... es intocable.

Puntuación 14
#2
joan
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Estos empresarios ,Ferri y Baldo, en connivencia con polí­ticos y los gestores de Bancaja y la CAM , fueron los que hundieron las cajas valencianas.

Puntuación 17
#3
Maria Rivas
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.¿¿¿¿¿¿.Aqui tambien ...?? o solo en el caribe ????

Puntuación 9
#4
navegante las herencias deben de ser para los herederos y no para el gobierno de turno
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Al 2, tanto en este caso cómo en otros la justicia siempre encuentra la manera de legalizar la estafa, el timo, el robo o como lo queramos llamar, y cómo dice otro comentario són intocables, y más si sueltan la pasta para tapar bocas.

Puntuación 11
#5
INVESTIGUEN AL JEFE
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PEPE BONOLADRí“N

Puntuación 0
#6
El crítico
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í‰l gran problema es que la condena es irrisoria comparado con la pasta que se llevan.

En España es rentable cometer ciertos delitos.

Puntuación 1
#7
El periodista
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al 7

Hasta los inmigrantes prefieren estar en la cárcel que en su paí­s de origen porque viven mejor.

Puntuación 2
#8