Las autoridades europeas están inmersas en un debate sobre cómo evitar otra resolución como la de Banco Popular, que ha supuesto pérdidas millonarias a sus accionistas y bonistas y un aluvión de reclamaciones en los tribunales. El rescate del español fue el primero y hasta ahora el único que se ha realizado bajo el nuevo esquema de salvamento de una entidad para limitar las ayudas públicas.
En unas jornadas organizadas ayer por el Banco de España y el FMI, la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, reclamó al BCE su participación en la financiación de bancos que tengan problemas de liquidez, la causa que desencadenó en junio pasado la caída de Popular. König consideró que en la actualidad se necesita un prestamista de último recurso para este tipo de eventualidades, una figura que, a su juicio, podría recaer en la institución que preside Mario Draghi.
El BCE cuenta ya con las líneas de liquidez extraordinarias, pero éstas funcionan bajo los criterios de los supervisores nacionales, que son los que fijan si un banco entrega las garantías son suficientes lograr fondos para poder operar y no colapsarse. Esta circunstancia fue esgrimida en el mismo foro por Yves Mersch, miembro del comité ejecutivo del BCE, quien se mostró contrario a que su institución se ha haga cargo o responda por las entidades en crisis, porque no está entre sus competencias y porque iría en contra con su independencia.
En línea con König
El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, se manifestó en línea con König, porque tarde o temprano hay que resolver el futuro de la liquidez y de si hay fondos suficientes para abordar un problema en un banco de mediano tamaño como el Popular.
En el acto, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y el número dos del FMI, David Lipton, dedicaron parte de sus intervenciones a enumerar las reformas pendientes de la economía española, especialmente en las reducciones del déficit presupuestario de carácter estructural y la deuda pública, así como medidas que contribuyan a flexibilizar la economía, con mención al mercado laboral y las reformas del sistema de pensiones. También lo hizo el nuevo ministro de Economía, Román Escolano.
