El presidente de Banco Popular entre febrero y junio de 2017, Emilio Saracho, ha traspasado la titularidad de su vivienda en Madrid a su esposa, Pilar Bernard, en plena investigación judicial. Saracho y su mujer compartían en régimen de gananciales la propiedad del inmueble hasta el pasado mes de noviembre, en el que se modificaron las escrituras y Bernard pasó a ser la única propietaria de la finca, según consta en el Registro de la Propiedad.
Éste cambio se realizó el 6 de noviembre, apenas un mes después de que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, comunicara el inicio de una investigación penal sobre las antiguas cúpulas del Popular, la de Ángel Ron y la de Emilio Saracho, por la caída del banco, que llevó a su resolución el pasado 6 de junio.
Una de las querellas interpuestas por los afectados del Popular, que fue admitida a trámite por el Juzgado Central, solicitaba que se adoptaran "de inmediato" medidas cautelares sobre la situación personal y sobre los bienes de los querellados para imponer con "carácter urgente" la prestación de una fianza para cubrir la responsabilidad civil que se pueda dirimir de su gestión en el banco. La querella solicitaba, además, en el caso de que los investigados no pudieran hacer frente a dicha fianza, que se decretara "el embargo de sus bienes en cuantía suficiente para atender dichas responsabilidades". El magistrado destacó en su auto que acordará la necesidad de afianzar las responsabilidades civiles que puedan derivarse de la causa una vez tome declaración a los querellados.
La propiedad que ahora está a nombre de la esposa de Emilio Saracho está situada en la urbanización de La Florida, que cuenta con vigilancia privada 24 horas, en el distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid. La finca se compone de 2.190 metros cuadrados, en los que en su interior se encuentra un chalet de dos alturas con una superficie en planta de 190 metros cuadrados. La vivienda, con jardín delantero y trasero, también tiene garaje.
El expresidente del Popular sí mantiene aún a su nombre una finca en Jávea (Alicante) con un terreno de 1.005 metros cuadrados y, en su interior, una vivienda de 381 metros cuadrados, según consta en el Registro de la Propiedad. Por su parte, su antecesor en el cargo, Ángel Ron, mantiene a su nombre y en bienes gananciales un chalet de tres plantas, piscina y garaje para cuatro vehículos, que en total suma 2.000 me- tros cuadrados, también en la urbanización La Florida, aunque, en este caso, la vivienda cuenta con mayor seguridad privada.
Dos piezas separadas
El juez de la Audiencia Nacional dividió la causa del Popular en dos partes, tal y como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción. De un lado, investigará la ampliación de capital que hizo el banco en 2016, puesto que, según el auto, los administradores de la entidad podrían haber proporcionado información falsa a los inversores a través del folleto informativo para captar capital. La primera parte se centra así en la etapa de Ángel Ron al frente de la entidad y podrían suponer los presuntos delitos de manipulación del mercado y falsedad contable.
Precisamente, Elvira Rodríguez, que fue presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la fecha en la que se llevó a cabo la ampliación de capital, aseguró el pasado martes en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera que el organismo que encabezaba, encargado de aprobar el folleto de emisión, exigió a la entidad que advirtiera en el mismo el presunto déficit de provisiones de 4.700 millones de euros, así como las hipotéticas pérdidas de 2.000 millones, tal y como se hizo "hasta en cuatro ocasiones".
La segunda pieza se centra en exclusiva en la etapa de Emilio Saracho e investiga si hubo maniobras especulativas por parte de éste y del accionista mexicano Antonio del Valle (tenía el 4,287% del banco) para hacer bajar el valor de la acción de la entidad en beneficio propio.
Andreu señala en su auto que lo que los querellantes denuncian se entiende como "una campaña de desprestigio" de la entidad a través de la publicación de informaciones falsas en los medios de comunicación para hacer caer la acción, hecho que podría constituir un delito de manipulación del mercado.
Por su parte, el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, señaló el jueves que el organismo vigiló la evolución de la acción del Popular en la última etapa y, aunque cayó, no se apreció una situación de desorden en el mercado.
