El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por los los presuntos delitos de falsedades societarias y administración desleal contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida en el marco de la ampliación de capital de la entidad financiera en 2016.
En tres autos, el magistrado ha admitido a trámite tres querellas contra el Banco Popular, los dos expresidentes y miembros de su Consejo de Administración, a los que citará en los días y horas que aún están pendientes por fijar.
Además, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción ha acordado abrir dos piezas separadas. La primera de ellas está relacionada con la ampliación de capital realizada en 2016 por importe de 2.505 millones de euros; y la segunda, investigará si el mercado fue manipulado mediante la publicación de noticias que, según la querellante, contenían datos e informaciones "falsas".
Asimismo, el juez Andreu ha requerido documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al propio Banco Popular, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
También ordena al Banco de España que designe a dos funcionarios para que determine si la información contable explicada en el folleto y documentación sobre la ampliación de capital reflejaba la verdadera situación de la entidad.
Admite la querella de la OCU
Andreu también ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra el Banco Popular y su expresidente Ángel Ron además de la auditora PwC por el "hundimiento" de la entidad, vendida por un euro al Banco Santander. La OCU dirige su actuación igualmente contra los exconsejeros delegados del Popular Pedro Larena, Roberto Higuera y el auditor de PwC Pedro Barrio.
La organización denuncia, según recoge el auto, que los querellados distorsionaron las cuentas del Banco Popular (que pasaron de presentar unos beneficios de 93,4 millones de euros a unas pérdidas cercanas a los 3.500 millones al cierre del ejercicio de 2016) con la finalidad de crear, con motivo de la ampliación de capital en mayo de 2016, "una ficción que reflejara una situación financiera irreal".
De esta forma, sigue el escrito, no solo cientos de inversores se vieron afectados "por una información que resultó ser falsa" sino que todos ellos "dispusieron de sus inversiones sin conocimiento de la situación financiera real del Banco".
