El bautismo de fuego de la Junta Única de Resolución (JUR) con el Popular se enturbia según van pasando los días. Y la falta de transparencia del nuevo organismo encargado de desmantelar bancos sistémicos en Europa no ayuda. Su presidenta, Elke König, volvió este martes a repetir ante el Parlamento Europeo que fue "realmente una transacción exitosa" por no haberse utilizado fondos públicos y por la protección de los depósitos.
A pesar de su convencimiento con el deber cumplido, König indicó que no publicará el informe que solicitaron a la consultora Deloitte, y que sirvió para valorar cuál era el presente y opciones de futuro de la entidad. Explicó a los eurodiputados que el documento incluye información que consideran "secreto comercial" y que además podría afectar a la estabilidad financiera.
La alemana explicó que el informe, que jugó un papel destacado en la toma de decisiones en aquella frenética madrugada del 7 de junio, analizó el estado de las cuentas del banco e incluía una valoración sobre las consecuencias económicas de los diferentes escenarios para resolver la entidad. Argumentó que, aunque el informe pudo "dar forma al criterio", al final la decisión quedó determinada por la presencia de un comprador. En este caso, fue el Santander el único que se ofreció a adquirir por un euro la entidad y a inyectar 7.000 millones para mantenerla viva.
El documento de Deloitte estimó una valoración negativa del Popular de entre 2.000 y 8.200 millones de euros. El informe también tasaba en 1.500 millones el banco español en el mejor escenario económico, una cifra que la institución europea ha evitado desvelar en todo momento.
Cuestionamiento a la decisión
Pero el traspaso de la entidad con una cartera de 140.000 millones por un euro, llevándose por delante la inversión de unos 300.000 accionistas, además de inversores de bonos convertibles y deuda subordinada, no convence ni siquiera a una buena parte de los eurodiputados.
Un buen número de ellos, sobre todo españoles, cuestionaron el martes las decisiones de la Junta que dirige la alemana, durante su comparecencia ante la comisión de Economía en la Eurocámara.
Haciéndose eco de las principales quejas de algunos grandes fondos que perdieron hasta 850 millones de euros, los legisladores criticaron la falta de transparencia del JUR respecto a la decisión del Popular, y los comentarios y filtraciones a la prensa que precipitaron el desplome de sus acciones. Incluso el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reclamado la publicación del informe de Deloitte.
König se mostró muy crítica con las filtraciones y negó cualquier involucración. Previendo la embestida por el flanco de la transparencia, justificó la publicación de solo un resumen de la decisión el 7 de junio por haberse concluido la operación a las 7 de la mañana, en una noche de vértigo presionados por la falta de tiempo.
Versión más completa
Pero la Junta Única esperó hasta este martes para publicar una versión más completa de la decisión de resolución, excluyendo "partes confidenciales", en el que se aporta algún pequeño detalle, como que el Popular sólo utilizó las líneas de liquidez de emergencia del BCE en los dos días previos a la intervención y que el organismo comunitario estaba dispuesto a ampliarlas, pero que éstas eran insuficientes para que el banco pudiera operar.
La falta de claridad trasmitida por la ocultación del informe de Deloitte y el retraso en publicar la decisión aumentó más al no confirmar cuándo concluirá el informe posterior tras la intervención, tal y como le exige la directiva europea.
König aceptó que "no todo el mundo está contento" cuando hay accionistas y bonistas afectados. Pero insistió que fue una operación "justa" y "abierta".
El traspaso del Popular se ha sumado a las intervenciones a otros tres bancos italianos que han puesto a prueba las nuevas reglas de resolución bancaria en Europa. Para algunos, incluida König, las lecciones son claras. Hay que armonizar más las reglas al intervenir bancos sistémicos (que caen bajo la directiva europea) y los pequeños, que como los dos del Veneto se beneficiaron de la ventajosa interpretación de las ayudas de Estado a la banca que fijó la Comisión Europea en 2013.
Para ello, la alemana, además de otros como el Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, piden endurecer esta interpretación para que los países no tengan manga ancha al salvar entidades pequeñas, como con los 17.000 millones inyectados por Roma a Banca Popolare di Vicenza and Veneto Banca.
España y Bruselas chocan sobre las demandas
El Gobierno español y las autoridades europeas chocaron el martes sobre quién cargará con la responsabilidad en caso de que haya que compensar a los afectados por la intervención en Banco Popular. Cientos de ellos ya se han organizado para pedir explicaciones por haber perdido sus inversiones y reclamar una indemnización. En su llegada al Consejo Ecofin, celebrado este martes en Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, comentó que Europa es la "responsable". "Hay un supervisor único, que es el BCE, y una Junta Única de Resolución (JUR), que se encarga de las resoluciones de los bancos", dijo.
Pero para las instituciones comunitarias la decisión no está tan clara. Fráncfort activó el proceso y la Junta de Resolución Única diseñó la operación de traspaso al Santander, pero el FROB la aplicó. Por lo tanto, la decisión quedará en manos de los jueces. "Quien quiera que piense que se ha visto afectado por la operación, cuenta con dos maneras para buscar amparo legal: las cortes administrativas en España o la corte en la UE", explicó la responsable del JUR, Elke König. El vicepresidente de la CE, y responsable de servicios financieros, Valdis Dombrovskis, horas antes ya puso el foco en los jueces al señalar que las resoluciones bancarias son actos de la UE, por lo tanto "pueden ser cuestionadas en los tribunales de la Unión".
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