El expresidente de la CAM, Modesto Crespo, y su número dos Roberto López Abad se enfrentan a nuevas penas de cuatro años de prisión por sortear la ley y crear de un consejo de administración, sin funciones, para cobrar 600.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral en el juzgado de instrucción número 5 de Alicante contra el antiguo consejo de Tinser Cartera, filial de la extinta caja.
En el escrito reclama dichas penas de cárcel y una multa de 120.000 euros para ambos exdirectivos -400 euros al día durante diez meses-, y de tres a dos años de prisión y sanciones de 81.000 a 48.000 para los otros 19 vocales del consejo.
Es la tercera solicitud de penas de prisión para la cúpula de la CAM. La ley impedía a los consejos generales de las cajas, incluido su presidente, percibir ingresos distintos a las dietas de asistencia y cubrir sus gastos de desplazamiento. Pero a finales de 2009 dotan a la filial de la CAM, Tinser, de un consejo de administración, cuya presidencia recaerá en Modesto Crespo y por la que ingresó ingresó 600.000 hasta mayo de 2011.
Se monta cesando al administrador único existente desde la fundación de la sociedad, aunque "nunca se reunió físicamente" ni Crespo participó "en la toma de ninguna decisión" sobre la gestión de la filial de la CAM, según el relato de la Fiscalía.
Pese a ello, se le fijó un sueldo anual de 300.000 euros y el primer cobro fue, incluso, retroactivo. Anticorrupción califica los hechos como constitutivos de un delito de apropiación indebida agravada o, alternativamente, de un delito de administración desleal.
Apunta a Roberto López Abad como inductor de los hechos, ideando el plan "para burlar" la ley que impedía asignar retribuciones a Crespo, y acusa a este expresidente y al resto de consejeros nombrados en Tinser, que no se autofijaron un sueldo, de autores.
Devolverlo al Sabadell
La deficiente gestión de la CAM, con asunciones de riesgos excesivos y controvertidos, empujó al abismo a la entidad. La caja recibió 5.249 millones en ayudas para evitar su colapso y, posteriormente, fue adjudicada al Sabadell en subasta pública por el precio simbólico de un euro.
La Fiscalía solicita devolver los 600.000 euros al Sabadell, dado que incorporó a Tinser con la estructura de CAM. En su escrito reclama el decomiso de esa cuantía en los bienes de Modesto Crespo, sin perjuicio de que puedan ir a satisfacer su responsabilidad civil. Los consejeros restantes imputados son Ángel Martínez, Antonio Gil-Terrón, Armando Sala, José Forner, Aniceto Benito, Natalia Caballé, Luis Esteban, Natalia Ferrando, José García, Jesús Navarro, Manuel Navarro, Benito José Nemesio, Raquel Páez, Ginés Pérez, Salvador Piles, Elia María Rodríguez, José Rovira, Martín Sevilla y Ángel Óscar.
