La comisión parlamentaria que investiga la liquidación del Banco Internacional de Funchal (Banif) comienza hoy sus trabajos con la declaración de varios expresidentes de la entidad.
Todos los grupos con presencia en la Cámara estarán representados en esta comisión, que pretende arrojar luz sobre una operación que supuso un coste millonario para las arcas públicas del país.
El banco, el más pequeño de las principales entidades lusas y que afrontaba una delicada situación financiera desde hacía meses, llegó a encontrarse en riesgo de quiebra después de la publicación de informaciones sobre una hipotética intervención del supervisor luso, lo que provocó una fuga de depósitos y la caída en picado del valor de sus acciones.
Apenas unos días más tarde, el Banco de Portugal optó por liquidar la entidad, dividiéndola en tres partes y vendiendo la saludable al Santander a cambio de 150 millones de euros.
La firma española, además, recibió otros 2.000 millones de euros en concepto de garantías y para cubrir "contingencias futuras".
El coste total para el Estado portugués se calcula que acabará por aumentar hasta situarse en el entorno de los 3.000 millones de euros.
Para afrontar la operación, el Gobierno luso -de coalición de izquierdas- tuvo que aprobar un Presupuesto rectificado que recogiera este nuevo gasto, una votación en la que contó con el apoyo de los partidos conservadores, al contrario que sus socios de izquierda, que rechazaron la moción.
La comisión se inicia bajo la premisa de encontrar respuesta a varios interrogantes abiertos, como por qué no se afrontaron los problemas de Banif con anterioridad, por qué fue vendido a ese precio -considerado demasiado bajo por algunos analistas- y si fue la mejor solución para los contribuyentes, como defendió el Ejecutivo.
Los primeros en ser llamados a contestar las preguntas de los diputados son cuatro expresidentes del banco: Jorge Tomé, Luís Amado, António Varela y Joaquim Marques dos Santos.
Está previsto que sus comparecencias -que serán individuales- se prolonguen desde hoy y hasta el próximo jueves.
Ésta será la quinta comisión de investigación parlamentaria a la banca portuguesa en apenas ocho años, un instrumento que fue utilizado ya el año pasado para depurar responsabilidades en la caída del Banco Espírito Santo (BES), por aquel entonces una de las más importantes entidades financieras del país.
