Se recrudece la tensión entre el Gobierno de Andorra y los accionistas mayoritarios de BPA, cuya intervención hace ahora un año arrastró a su filial Banco Madrid hacia la liquidación.
Los hermanos Cierco, Ramón e Higini, acusaron ayer a PricewaterhouseCoopers (PwC), contratada por el Frob pirenaico (Areb), de utilizar criterios más restrictivos de los fijados en la normativa de Andorra para señalar a 923 de sus 29.200 clientes como sospechosos de blanqueo de capitales.
En un duro comunicado desacreditan el trabajo sosteniendo que, si aplicasen los criterios usados con BPA al resto de bancos andorranos "tendrían problemas y dificultades". "Aparecerían -sostienen- tantos o más depositantes que a BPA con una situación de no poder superar el KYC impuesto -know your client es el estudio rutinario exigido a la banca con todos sus clientes-".
Reglas dictadas por EEUU
Sus tesis es que para calificar el riesgo incluyen clientes cuya actividad está relacionada con el juego o con casas de cambio, personas con actividad pública y cuentas relacionadas con jurisdicciones de alto riesgo para EEUU como México, Uruguay o Panamá, aunque sus fondos sean lícitos. Y otros solo por no haber regularizado fiscalmente el dinero en su país pese a que la evasión no era delito en Andorra para contentar a EEUU con la auditoría.
Entre las cuentas sospechosas también figuran las de personas vinculadas a procesos judicializados ya como el caso de Gao Ping, el del mafioso ruso Petrov y la petrolera estatal de Venezuela que apuntó el departamento antiblanqueo de EEUU (Fincen) cuando lanzó la alerta que originó la intervención de BPA. Todos los casos apuntados por la Fincen se encontraban judicializados, salvo uno, relacionado con la trama de Sinaloa, cuya investigación dicen desconocer.
Los Cierco, que han solicitado el estudio de PwC por vía judicial, defienden que BPA se sujetó entre 2007 y 2014 -años analizados- a las normas establecidas y auditó los procedimientos antiblanqueo por Deloitte y KPMG, sin recibir alertas suyas o de las autoridades financieras Inaf y Uifand. Defienden que robusteció sus sistemas en línea con las observaciones rutinarias recibidas y apunta que si autoridades y auditoras dieron su visto bueno cuando reportaban un cumplimiento íntegro de BPA y no era tal deberían asumir responsabilidades.
A su juicio BPA ha sido la cabeza de turco en un problema que cercaba a Andorra por su deficiente regulación bancaria. En su relato sostienen que tanto EEUU como Moneyval, el órgano para la lucha contra el blanqueo del Consejo de Europa, estaban presionado al Estado pirenaico para que implantase reglas más restrictivas sin que reaccionase a la velocidad esperada. Su tesis es que la actuación del Fincen busca agilizar el proceso, poniendo en jaque al sistema financiero con la caída de BPA.
