El Banco de España alertó de que el vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato comenzó a recibir, a partir del año 2012, "importantes transferencias de dinero", que ascienden a al menos siete millones de euros, desde cuentas corrientes situadas en seis paraísos fiscales, entre ellos la isla caribeña de Dominica, según consta en el sumario de la causa en la que se investigan irregularidades en el patrimonio del que fuera presidente de Bankia, al que ha tenido acceso Europa Press. Los preferentistas se lanzaron hoy sobre Rato a su llegada al juzgado donde declara en relación con este caso.
La denuncia original de la Fiscalía detalla que Rato recibió, en concreto, 1.518.017 euros en 2012 y 1.259.305 en 2013, procedentes de "cuentas corrientes en las que tenía poder de disposición" en Suiza, Gibraltar, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos y Dominica.
Además, la empresa que las investigaciones sitúan en el centro de la compleja trama societaria y de la que Rato es responsable último, Kradonara, percibió también transferencias desde el extranjero por importe de 4,6 millones de euros. En concreto Kradonara ingresó 1,7 millones en 2011, con origen Gibraltar, 1,4 millones en 2013 desde el Reino Unido y Luxemburgo y 1,5 en 2013, desde los mismos países.
2,4 millones defraudados
La Fiscalía calcula que el expresidente del Fondo Monetario Internacional ocultó estos ingresos a Hacienda y defraudó una cantidad de al menos 2,46 millones.
Además de no declarar los ingresos percibidos desde los paraísos fiscales, Rato también ocultó al fisco el dinero percibido por los servicios profesionales de asesoramiento prestados a Telefónica -que ascendieron a 307.627 euros- y que le fueron facturados a través de Kradonara.
La documentación incluida en el sumario desvela que la alerta dada por el Banco de España desembocó en la elaboración de un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), en el que se detectaban siete riesgos fiscales.
Según declaró su inspectora jefa, Margarita García Valdecasas, ante el titular del Juzgado 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, el departamento dependiente del Ministerio de Hacienda decidió realizar "una denuncia temprana" al Ministerio Público sobre estos hechos, al considerar que Rato "podría estar cometiendo un delito económico".
García Valdecasas precisó ante el magistrado que la investigación se inició "aproximadamente sobre el 2011 o 2012", por orden suya, tras comprobar la existencia de numerosas "operaciones cruzadas entre sociedades vinculadas" a Rato y detectar "movimientos que no tienen lógica mercantil".
Los abundantes datos sobre irregularidades desembocaron en la operación desarrollada en abril de 2015, en la que fue detenido. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron, además, su domicilio particular y varios de sus despachos. El exvicepresidente del Gobierno declara este viernes ante el magistrado por tercera vez en relación con este caso.
Análisis de 40.000 folios
La causa contra Rato por delitos fiscales, blanqueo, y corrupción entre particulares investigaba hasta noviembre del pasado año a 48 empresas y precisaba del análisis de 40.000 folios ya numerados, sellados y firmados y del material obrante en 29 dispositivos electrónicos cuyo contenido "equivaldría a unos 728 camiones de documentos".
Así lo expresó el pasado 23 de noviembre la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) Marga García-Valdecasas al juez instructor del caso, Antonio Serrano-Arnal en un informe en el que le expresaba la imposibilidad de analizar en 15 días, tal y como solicitaba el juez, la ingente documentación incautada en los registros realizados el 16 de abril de 2015 en los despachos y domicilio de Rato en Madrid y en un despacho de la urbanización gaditana de Sotogrande.
Según el informe obrante en el sumario del caso, el volumen de la información incautada incluía hasta esa fecha 28 cajas con 40.000 folios más 80.000 correos electrónicos del periodo (2007- 2015) que requerirían el análisis de personal de la ONIF, que fueron encontrados en servidores, ordenadores de sobremesa, portátiles y pendrives.
El material en dichos dispositivos ocupa un total de 728,1 gigabytes, según a ONIF, que estima que dicha información, una vez depurada "ya apartada la información que no se considere de interés para el caso", pondría a disposición de los agentes tributarios entre un diez y un veinte por ciento del total. "Es decir, utilizando la comparación anterior, el equivalente a 72-145 camiones de documentos", precisa el informe.
Cuatro funcionarios para escanear
Entre los meses de junio y julio pasados, la ONIF destinó a cuatro funcionarios de este órgano únicamente para escanear la información incautada en los ordenadores de Rato y volcarla en las bases de datos de la AEAT.
Por todo ello, y dada la complejidad de la causa, García-Valdecasas advertía que no podría cumplir con el requerimiento del juez de elevar informe en 15 días y que debía "reconsiderar su decisión".
De lo contrario, "y dado el apercibimiento recibido en relación con el posible delito de desobediencia que podría atribuirse", la ONIF pedía al titular del Juzgado de Instrucción número 31 que elevara "a definitivos" los informes provisionales que hsta el momento se habían dictado y ordenara la paralizción de las actuaciones mientras avanzaran sus pesquisas.
Sus primos pagaron los créditos
Dos primos asturianos de Rato se hicieron cargo de los pagos correspondientes a su hipoteca y tres préstamos durante el tiempo en el que permanecieron embargadas sus cuentas por orden del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, que investiga irregularidades en su patrimonio.
Según desvela el sumario del caso, la defensa de Rato solicitó al juez Antonio Serrano-Arnal que permitiera a Juan y Gonzalo Alvargonzález Figaredo asumir los "vencimientos mensuales" a los que debía hacer frente.
En concreto, se trata de una hipoteca suscrita con la entidad ING Direct, con una cuota de 4.291 euros al mes, dos préstamos con La Caixa por los que debe pagar 2.112 y 2.324 euros mensuales y otro crédito de Bankia con cuota de 4.603 euros.
Según explica su abogada en un escrito, Rato no pudo hacer frente a estos pagos desde abril de 2015 lo que le generaba "un gran daño patrimonial" y recurrió a sus primos, propietarios de la compañía Naviera Alvargonzález, "para evitar la morosidad".
