La competencia es el faro orientador que guía el quehacer de las empresas eficientes. Cuando no hay competencia -como consecuencia de un abuso de posición de dominio o de un acuerdo cartelizado-, las empresas pierden su referencia; su norte. No saben si los beneficios obtenidos son consecuencia de su buen hacer o de su posición hegemónica en el mercado, individual o colectiva.
Para que las empresas sean eficientes y realmente competitivas son necesarios una cultura de la competencia y un marco normativo adecuado. En ocasiones, la cultura de la competencia es el resultado de haber roto con la tradición y, en ocasiones, con el marco normativo adecuado. Algunos países iniciaron el tránsito por los senderos de la competencia hace muchos años. Otros, como Andorra, han empezado a hacerlo más recientemente.
Andorra cuenta con una vieja estructura jurídica que va modernizando paso a paso. En este contexto cabe destacar la reciente aprobación de la Ley 13/2013, de 13 de junio, de competencia efectiva y defensa del consumidor. Se trata de una ley que se apoya en la constitución andorrana que establece que los poderes públicos defenderán los derechos de los consumidores y de los usuarios y reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Todo ello, y el matiz es relevante, "sin intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales".
Se trata de una ley moderna que pretende reducir el intervencionismo a lo estrictamente necesario y que contempla, simultáneamente, la defensa de la competencia y la defensa de los derechos de los consumidores; cuestiones que están íntimamente entrelazadas. En el caso andorrano se decidió ir más allá de la tradición pues no se entiende porqué en la mayoría de las legislaciones ambas defensas se tratan por separado y por responsables distintos. En el caso de España, por ejemplo, ambos asuntos no están articulados lo que se traduce en una falta de aprovechamiento de las sinergias de una acción compartida y retroalimentada.
Recientemente, en Andorra han sucedido dos hechos de particular relevancia: se ha formado un nuevo Gobierno liberal-conservador y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos consideró que uno de los bancos andorranos era un instrumento de blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas. Este hecho, entre otros, "podría poner en peligro la estabilidad financiera del Principado" y contaminar el resto del sistema financiero de Andorra.
Ante esta situación, grave sin ningún lugar a dudas y que debería haber sido prevenida, era necesario, además de intervenir el banco felón, poner en marcha todos los mecanismos legales y, en su caso, dotarse de una nueva regulación financiera que diera garantías a los inversores nacionales e internacionales. La reputación de la estructura bancaria andorrana está en juego.
Dado que ha habido vulneración de las normas para obtener ventajas económicas cabe, incluso, la posibilidad de aplicar la citada ley 13/2013 pues competidores y clientes han resultado perjudicados por la conducta citada.
Pero, además, es necesario dotarse de nuevos instrumentos jurídicos. Algo que, sin duda, debería haberse hecho hace tiempo. En todo caso, debe hacerse rápidamente, agotando todos los plazos sin menoscabo de la calidad jurídica y de la eficacia de su aplicación. Es mucho lo que está en juego.
Consciente de la urgencia del tema, el nuevo gobierno aprobó urgentemente el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Implantar Mecanismos de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias.
El Proyecto transpone la Directiva 2014/59/UE del Parlamento y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, a la legislación andorrana. Dicha Directiva "establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión". La nueva ley permitirá pasar los activos sanos del banco intervenido a una entidad transitoria para, más tarde, ser vendidos total o parcialmente o bien proceder a su liquidación sin pasar por un procedimiento concursal.
También se creará una Agencia que dirigirá el proceso y un fondo capitalizado por el resto de bancos -manifiestamente perjudicados-. Pero, sobre todo, de lo que se trata es de evitar el contagio y dar seguridad a los clientes, reales y potenciales, del sistema financiero.
El camino trazado es el mejor. Ahora se trata de discurrir por él con paso firme y exigiendo responsabilidades. Está en juego el futuro del sector financiero y la credibilidad económica de Andorra.
