Novagalicia mantendrá algunas restricciones legales por las ayudas recibidas a pesar de la adquisición del venezolano Banesco. La junta general de accionistas de la entidad, que escenificó ayer el traspaso de poder de la nacionalizada tras la autorización comunitaria al plan de negocio modificado, aprobó los cambios del consejo de administración y la actualización de los estatutos para adaptarlos a su nuevo régimen.
El punto más relevante afecta a la retribución de la cúpula, que se mantendrá topada, aunque con un volumen más elevado. En concreto, pasa del máximo de 300.000 euros al año para los consejeros ejecutivos -el vicepresidente Juan Carlos Escotet y el consejero delegado, Francisco Botas- a 500.000 euros, y de los 50.000 a los 100.000 para el resto de miembros del órgano rector. De esta manera, las remuneraciones estarán regidas por la normativa española de entidades con ayudas públicas y no como hasta ahora, por la regulación que afecta a las nacionalizadas.
La junta, que dio salida al Frob, nombró a buena parte del nuevo consejo, en el que destaca la presencia de la exdirectora general de ING Direct, Carina Szpilka, en una mesa en la que se sentarán los gallegos Raúl Baltar y Pedro López, y al venezolano y familiar del líder de la oposición al régimen bolivariano, Miguel Ángel Capriles. El presidente no ejecutivo será, tal y como ya estaba anunciado, Javier Etcheverría.
Salida oficial del Frob
La primera reunión del consejo se producirá mañana, en la que está prevista la salida oficial del Frob y del aún presidente, José María Catellano. Entonces, Banesco pagará al Frob los primeros 400 millones de los 1.000 millones pactados.
La junta también aprobó la sustitución del auditor de las cuentas para los próximos años, que será KPMG en detrimento de Deloitte.
Los planes de Novagalicia, que se fusionará en otoño con Etcheverría, pasan por conceder 12.500 millones de crédito en tres años. La estrategia se desvelará a finales de semana, así como la nueva marca.