Los partidos nacionalistas gastan la penúltima bala para tratar de retener el patronado de las fundaciones bancarias en las que acabarán convertidas sus antiguas cajas, arrebatado en favor del Ministerio de Economía con un inesperado cambio normativo del PP a la Ley de Cajas, aprovechando el trámite en el Congreso de la Ley de Ordenación y Solvencia del sector financiero.
En su paso por el Senado, el PNV y CiU han centrado ahora, casi de forma única, sus enmiendas en tratar de reconducir la situación. El grupo vasco quiere consagrar la tutela por parte de aquellas autonomías que "tengan reconocida la competencia exclusiva en materia de fundaciones" en sus Estatutos de Autonomía. CiU plantea un camino intermedio: que el protectorado lo ejerza el Gobierno regional donde la fundación fije su domicilio social, y Economía supervise la actividad de la fundación fuera de su región.
El espacio para la negociación con el partido popular, que soporta al Gobierno, se agota la próxima semana, fecha prevista de aprobación del texto final de la norma.
La ley de cajas, aprobada el 27 de diciembre pasado, satisfacía a las regiones. Establecía que Economía asumiría la tutela de las fundaciones de cajas, cuyo ámbito de actuación, superase al de una autonomía, pero con una redacción que dejaba cierto espacio interpretativo. Aprovechando la ley de Solvencia, que traspone las reglas europeas de Basilea III, el PP puso letra pequeña a esa competencia nacional, levantando ampollas: atribuye a Economía la función inspectora cuando el banco, al que la caja segregó su actividad financiera, capte más del 40% de los depósitos de clientes fuera de su autonomía.
En la práctica, supone hurtar la tutela de La Caixa, Ibercaja y Unicaja de forma inmediata, y previsiblemente la de KutxaBank también en el futuro si su negocio crece al ritmo actual. La senadora de PNV, María Eugenia Iparragirre, su homólogo en Entesa, el exministro socialista, José Montilla, y el de CiU, Ramón Alturo, criticaron en la ponencia la "invasión" de competencias, impulsada por el PP de una "inaceptable" manera legislativa, reabriendo la debatida ley de cajas cinco meses después de promulgarla, que los populares rehúsan.
El Congreso da luz verde a la Ley de Cajas
