
El recorrido -navegación, en términos de la juez- que hace Mercedes Alaya por las 32 reuniones del consejo rector de Idea entre julio de 2001 y junio de 2008 pone negro sobre blanco cómo actuó ante ellas el presidente de Unicaja, Braulio Medel. El directivo sólo acudió físicamente a tres de ellas; y, de las 29 restantes delegó el voto en el presidente del consejo en 27 de ellas -presidencia que correspondía y ejercía el consejero de Empleo y, luego, el de Innovación-.
Fuentes de la entidad señalaron ayer que Medel actuó en esos ocho años con un exceso de confianza en el presidente del consejo al delegar en él su voto. Por su parte, fuentes de la Consejería de Economía señalaron ayer que los miembros del consejo de Idea, tanto los que ya eran altos cargos de la Junta como los directivos de empresas y entidades externas, nunca cobraron ni sueldo ni dietas por su pertenencia y asistencia a esas reuniones.
En cuanto al comportamiento de Medel, es relevante que en una de las dos sesiones a las que, ni asistió ni delegó el voto, la juez señala que es la primera en la que su acta recoge que los miembros del consejo conocieron los déficit que se estaban generando en las cuentas de Idea por la asunción de compromisos de pago procedentes de la Consejería de Empleo superiores a las transferencias de financiación presupuestadas y procedentes de esa Consejería. En concreto, es la reunión del 11 de junio de 2007, que estuvo presidida por Francisco Vallejo, consejero de Innovación.
Junto a esta, el máximo dirigente de Unicaja tampoco acudió ni delegó el voto en otra reunión celebrada en 2005, en la que se aprobaron ayudas de algo más de un millón de euros a Centro de Limpieza Industrial de Huévar. Aprobación que se produjo después de que el convenio se hubiera ya suscrito, según resalta la magistrada.
Suspensión
Precisamente sobre la declaración de Medel, que la juez ha planificado para el próximo miércoles día 21 a las 12.00, se pronunció ayer la Fiscalía Anticorrupción. En un escrito al que accedió Efe, el ministerio público insiste en su idea de que la investigación "ya está agotada" en el juzgado respecto a los aforados que pueden ser imputados. Y solicita suspender esa y las otras 24 citaciones de declaración como imputados entre el próximo lunes y el viernes.
Añade que la pieza separada del "procedimiento específico" sobre la concesión de las ayudas tiene ya "agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero", por lo que la juez Alaya debe elevar "a la mayor brevedad el conocimiento de esta pieza al órgano superior competente". Esto es, el Tribunal Supremo.
En concreto, el fiscal se refiere por primera vez a cuatro de esos aforados preimputados: el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, al exconsejero de Economía Antonio Ávila, a la extitular de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, a quienes la juez ya apuntó en su auto al relatar las sucesivas sesiones del consejo rector en las que se aprobaron las ayudas a empresas y ayuntamientos investigadas.
La juez Alaya desestimó en abril una petición similar respecto a las declaraciones de imputados por las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, por lo que ahora Anticorrupción solicita que, en caso de una nueva negativa, al menos las comparecencias queden en suspenso durante la tramitación de su recurso ante la Audiencia de Sevilla.
Subsidiariamente, los fiscales entienden que "con carácter previo e inexcusable a esa toma de declaraciones" debe constar en la causa "todo el material probatorio posible y existente", lo que incluye el último atestado de la Guardia Civil sobre la agencia Idea. Atestado aún por concluir, y que el fiscal pide que se facilite en el estado en que se encuentre actualmente.