El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la detención de cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) a los que se les imputa la presunta comisión de irregularidades en la gestión de la caja alicantina, las cuales condujeron a su intervención por parte del Banco de España en julio de 2011. Entre ellos se encuentran el ex director general de la caja Roberto López Abad y el exdirector de empresas Daniel Gil, que ya han sido detenidos, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
El magistrado investiga las irregularidades de la Caja y mantenía hasta el momento imputados en la causa a López Abad, la también ex directora general María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los ex directores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
Gómez Bermúdez les impuso el pasado mes de junio una fianza solidaria de 35 millones de euros al considerar que todos ellos "al menos conocían o debían, pudieron y no quisieron conocer la situación patrimonial de la CAM". A pesar de ello y "en el mejor de los supuestos", no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y se sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB. Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, que se la adjudicó por un euro, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Los responsables del hundimiento de la CAM
