Las refinanciaciones y la morosidad restituyen los temores sobre la solvencia.
España no necesitará tirar más del crédito de 100.000 millones de euros abierto por la Unión Europea para recapitalizar la banca. Quedan 58.700 millones sin utilizar, pero el Eurogrupo dio ayer por cerrada la demanda con los 41.300 millones ya entregados y la próxima semana comenzará a discutir cómo poner fin al programa. Corrobora la tesis del Gobierno de que no se solicitaría una prórroga porque España, a través del Frob o el Tesoro, se las arreglará sola en caso de precisar ayudas extra, algo que ha descartado en el momento actual. Pero que la foto a fecha de hoy sea solvente, no garantiza que el sector haya purgado todos los males ni desaparecido el riesgo a nuevos requerimientos de fondos.
"La resistencia de los bancos en el actual escenario económico adverso depende esencialmente de su capacidad para generar beneficios antes de provisiones que puedan contrarrestar un mayor deterioro de la calidad de los activos y afrontar las consecuencias de cambios regulatorios", advierte Bruselas en las conclusiones sobre su visita a España recogidas ayer por Reuters.
Han transcurrido apenas cuatro meses desde que la Sareb recibió los últimos activos tóxicos de las entidades auxiliadas -casi 100.000 millones de euros en créditos e inmuebles en total con su valoración original-. El banco malo pondría el broche final a una desinfección del ladrillo que cargaba los balances del sector con 320.000 millones en crédito promotor sospechoso de resultar incobrable y que ahuyentaba al inversor, por lo que se forzó un ejercicio de saneamiento sin precedentes. Tras 200.000 millones en recapitalizaciones y provisiones, un rescate europeo en toda regla y el banco malo amaina la presión y las entidades más sólidas acceden a los antes inaccesibles mercados pero, lejos de diluirse, las dudas vuelven a sobrevolar al sector.
Pesa sobremanera la economía. Moody's ha comenzado a revisar los ratings de las entidades tras augurar una carga mayor de provisiones por una morosidad sin freno, especialmente en empresas no exportadoras por culpa de la recesión. Un deterioro que está detrás de la marcha atrás en el plan con Novagalicia y Catalunya Banc, cuyas subastas se retoman con celeridad y aceptando ahora la entrega de garantías que pedía la banca sana y a la que se negó Economía para evitar empeñar dinero nuevo.
La factura de la recesión
Al conjunto del sector el Banco de España le ha pedido máxima prudencia en la gestión de costes, de riesgos y hasta en la entrega de dividendos para evitar precisamente un daño de solvencia. Son los riesgos de una situación económica con impagos crecientes y dificultad para hacer rentable el negocio, pero también porque se multiplican los frentes regulatorios bajo la aparente intención de lograr que el sector supere con nota el examen que el Banco Central Europeo (BCE) efectuarán a los bancos del continente antes de asumir su supervisión. El ejemplo claro es la revisión impuesta de los 208.000 millones en refinanciaciones para verificar que están bien clasificados y que, según el supervisor, exigirán apenas 10.000 millones en provisiones extras. Acarreará un déficit de capital paralelo de 2.000 millones, fácilmente asumible si fuese el único impacto.
El sector encara además la problemática de las cláusulas suelo. BBVA, Cajamar y Novagalicia dejarán de ganar más de 500 millones al abolirlas como falló el Tribunal Supremo y la cifra se duplicaría de hacerse extensiva al todo el sector.
La banca parece haber sofocado el que amenazaba con ser el mayor quebranto: más de 70.000 millones en activos fiscales corrían el peligro de dejar de computar como capital por imposición de Basilea III. Negocia con Hacienda su monetización en créditos fiscales para evitar que ese colchón se evapore dejando infracapitalizada a muchas entidades. La diferencia es que los activos fiscales aminoran la carga impositiva si aparecen pérdidas y se compensan con beneficios futuros, algo que Basilea III ve incierto. Cambiarlo a crédito fiscal, como hizo Italia o Brasil, implica que el Estado lo avala, de forma que asumiría el coste de quebrar la entidad.
Una incertidumbre menos latente es que la Sareb precisase ampliar capital si el plan de negocios no alcanza el ritmo de desinversiones con los ingresos previstos, con la anémica demanda inmobiliaria.
Moody's avisa de más riesgos para la banca
