El Banco de España finalmente ha cedido a las pretensiones de Unicaja. Las negociaciones, que han sido tensas, se cerraron durante la mañana de ayer y el supervisor que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez tuvo que plegarse a las exigencias del presidente de Unicaja, que amenazó con romper y obligar a una intervención de Caja España-Duero.
La operación saldrá adelante después de que los consejos de administración de ambas entidades aprobaran el proyecto, que contará con unas ayudas del Estado de 475 millones de euros, que se suman a los 525 millones ya inyectados en España-Duero en 2010.
Además, para que la fusión siguiera su curso, Ordóñez se vio obligado a prometer unas ayudas adicionales de entre 375 y 1.000 millones en el caso de que Unicaja decida emprender una nueva absorción y quiera utilizarlas, según fuentes conocedoras de los detalles del acuerdo. Entre los candidatos se encuentra Liberbank, tal y como ya ha planteado la malagueña al supervisor.
El coste de las ayudas, cuyos intereses rondan el 8>% y el plazo de devolución se extiende a ocho años, correrán a cargo de España-Duero, como reclamaba Medel. Se pagarán con los dividendos que obtenga por su participación del 30 por ciento en el banco que cree con Unicaja para aglutinar todos los activos financieros.
'Banco malo'
Este instrumento supone crear una especie de banco malo. Un instrumento que tanto el Gobierno como el propio Banco de España habían descartado en numerosas ocasiones para sanear los balances del sector. Y también supone un cambio en el empeño de no dar más ayudas públicas para no poner en riesgo el déficit del Estado.
La duda que existe es si España-Duero será capaz de desembolsar los compromisos anuales por los 1.000 millones otorgados por el Frob. Este dinero se inyectará a través de bonos convertibles contingentes -denominados CoCos-, por lo que en caso de impago se transforman en acciones. De esta manera, si se diera tal circunstancia, el Estado se quedaría con el 30% del grupo resultante de la fusión de ambas entidades.
Todas estas exigencias, que en un principio fueron mayores, pusieron en riesgo la continuidad de la operación después de nueve meses de negociaciones. Pero tienen un fundamento: la reforma financiera aprobada por el Gobierno, que endurece las provisiones para limpiar los activos tóxicos. Unicaja, tras la aprobación de la normativa, sostiene que la operación de fusión no es viable, ya que España-Duero tenía un déficit de 1.140 millones de euros. La malagueña cifró sus necesidades de dotaciones y capital en 691 millones de euros.
En un primer momento la andaluza reclamó un Esquema de Protección de Activos superior a los 1.000 millones para seguir adelante con el proyecto, fórmula que le fue negada porque sólo está disponible para las subastas de entidades nacionalizadas.
La aprobación de la fusión da como resultado un grupo con 80.000 millones de activos, lo que le convierte en la séptima del país. No obstante, el ranking podría variar en función de las integraciones que puedan surgir en los próximas semanas y meses.
En un comunicado, ambas entidades calificaron el acuerdo como de excelente. La integración tendrá que ser ratificada y cerrada en su totalidad antes del verano.
Unicaja absorberá a Caja España-Duero
