Empresas y finanzas

Ordóñez se niega a dar dinero y deja en el aire la fusión Unicaja-España

El presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Foto: Archivo

Negociación de infarto para salvar la fusión entre Unicaja y Caja España-Duero. Después de semanas de "tira y afloja", las espadas siguen en alto y la incertidumbre sigue planeando sobre la operación.

Los consejos de administración de los bancos creados por ambas cajas analizarán hoy las distintas opciones para dar viabilidad a la fusión y podría haber, incluso, un resultado final: que siga adelante o que se rompa definitivamente.

Aunque los contactos y las presiones seguirán hasta última hora, a día de ayer el mismo impedimento existía: el Banco de España no está dispuesto a dar ayudas, como pretende el presidente de Unicaja, para salvar la operación.

Braulio Medel considera que la reforma financiera ha supuesto un obstáculo para que el grupo resultante sea viable, ya que España-Duero debe hacer frente a una cifra que asciende a 638 millones de euros en dotaciones adicionales y otros 502 millones de euros de capital. En total, 1.140 millones de euros.

Ante estas exigencias, Medel ha reclamado distintas ayudas, a través de varias fórmulas, que siempre han sido rechazadas por el organismo que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Distintas fórmulas

La primera de ellas era acogerse a un Esquema de Protección de Activos (EPA) por un importe ligeramente superior a los 1.000 millones que cubriese las pérdidas inmobiliarias que pudiesen aflorar en el futuro en la caja castellanoleonesa. El supervisor fue tajante al rechazar la propuesta porque la legislación limita esa opción para las subastas de las cajas nacionalizadas o intervenidas.

La última petición realizada por Unicaja ha sido sacar del nuevo banco los 525 millones de euros que España-Duero solicitó del Frob cuando se fusionaron las dos cajas castellanas, para evitar el coste de los intereses cercanos al 8 por ciento.

Ahí aparece el primer problema porque la entidad castellana tendría que asumir el pago de los intereses con los dividendos que le aporten la participación del 30 por ciento que tendría en la entidad fusionada.

En su última ofensiva, Medel ha solicitado ayudas del Frob que podrían ascender a 1.500 millones de euros. Esta es la opción que ahora analizan ambos equipos. La fórmula sería a través de bonos contingentes convertibles.

Los conocidos como CoCos inyectarían el capital que necesita la caja castellanoleonesa para sanearse. Fuentes de Unicaja reconocieron que esta posibilidad podría ser aceptada, aunque destacaron el inconveniente que supone el pago de los intereses, que podrían rondar el 8 por ciento. Medel no quiere que este coste sea una merma de las rentabilidad y de la cuenta de resultados del grupo resultante. Además, los CoCos se transforman en acciones cuando una entidad incumple una serie de objetivos, con lo que existe el riesgo de que el Banco de España pueda sentarse en el consejo de la entidad ayudada a través de este instrumento. El presidente de la andaluza rechaza de plano esta posibilidad, al considerar que supone una intromisión del organismo regulador en su sistema de gestión.

Los equipos de ambos bancos trabajan a marchas forzadas para lograr un acuerdo que obtenga el visto bueno del Banco de España, siempre bajo la premisa de que el supervisor no está dispuesto a favoritismos ni a "hacer trajes a medida".

Los consejos de las dos entidades, convocados a las cinco de la tarde en Madrid por parte de España-Duero y a las siete y media en Málaga por parte de Unicaja, conocerán de primera manos las largas y tortuosas negociaciones que han tenido lugar para acercar posturas, aunque fuentes de las dos entidades niegan que se vaya a decidir nada. Ambas entidades podrían celebrar sendos consejos la próxima semana en el caso de que se alcanzase un acuerdo para perfilar todos los detalles.

El plazo máximo para cerrar las negociaciones es el 31 de marzo. La idea de Medel es retrasar la resolución una vez celebradas las elecciones andaluzas del 25, pero el Gobierno presiona para que ésta se tome antes.

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