El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha señalado que "no debe forzarse" una recapitalización "indiscriminada" del sector bancario sin resolver de forma "definitiva" el problema de la deuda pública y la crisis que arrastra al euro. Temor a una avalancha de venta de deuda española si hay quitas del 20%.
"Poner en duda de forma generalizada la sostenibilidad de la deuda pública o del sistema financiero europeo puede llevarnos a una espiral imparable de crisis soberanas y bancarias", ha advertido Botín durante su intervención en la IV Conferencia Internacional de Banca que se celebra en la sede de la entidad.
Para Botín, se debe "atacar de raíz" este problema, porque la crisis de deuda pública tiene que ser la "prioridad". Asimismo, ha considerado que no se pueden seguir añadiendo "nuevas cargas" al sector, como nuevos impuestos o requerimientos locales, en alusión a la llamada Tasa Tobin.
Frenar el tren regulatorio
En su opinión, esta propuesta, junto con la de obligar a una nueva recapitalización de la banca no tienen sentido porque no respetan Basilea III e invalidan las pruebas de resistencia a las que se sometió al sistema financiero hace solo tres meses. "Crean inseguridad y confusión, y aumentan la incertidumbre en los mercados", ha argumentado Botín, quien advirtió que producirán una contracción del crédito. En último término, esto podría en peligro la recuperación de la economía mundial, señaló, ya que "no hay economía sana sin banca sana".
Así, en lugar de añadir nuevas cargas al sector europeo, el directivo propone "frenar el tren regulatorio" y centrar las las reformas en otros "ámbitos distintos", como el diseño de un marco de políticas macroeconómicas "estables y coordinadas".
En este sentido, ha supeditado la recuperación de la confianza en los mercados financieros a una nueva arquitectura financiera internacional con una "verdadera capacidad" para anticipar riesgos y tomar medidas correctoras.
Además, de cara a la próxima cumbre del G20, Botín ha considerado "fundamental" que sea posible la quiebra de "cualquier" institución, de forma que una entidad no viable pueda salir del mercado sin generar riesgo "sistémico" y evitar la necesidad de recurrir a dinero público.
La banca española necesitaría 58.000 millones
