Barcelona, 24 ago (EFE).- Los sindicatos independientes, agrupados en la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), han abierto una ofensiva legal contra la 'bancarización' de las cajas de ahorro, con actuaciones ante el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Comisión Europea, según ha avanzado a Efe el vicepresidente de la CIC, Gonzalo Postigo.
El objetivo de esta batalla legal, que se hará evidente el próximo mes de septiembre, es "conseguir la derogación del decreto ley de modificación de la Ley Orgánica de Cajas de Ahorro (LORCA)", en palabras de Postigo.
La CIC entiende que este decreto abre dos vías de 'bancarización' de las cajas: la emisión de cuotas participativas con derechos políticos y la creación de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), que en realidad son bancos.
La batería de recursos legales planteados por la CIC cuenta con el apoyo de los 16 sindicatos independientes de cajas que hay en España, medidas a las que no se han sumado, por ahora, ni UGT ni CCOO, si bien, por ejemplo, CCOO en Cataluña también se ha mostrado muy crítica con las medidas legales para la reforma de la LORCA.
Gonzalo Postigo señala que unos de los principales objetivos de estas acciones en los tribunales es conseguir "la verdadera regulación de los SIP, cuyo Establecimiento de Crédito Financiero tiene que ser una caja de ahorros y no un banco, como está regulado actualmente en una Ley de rango inferior a la LORCA".
"También esperamos que el Tribunal Constitucional acabe revisando el Real Decreto 11/2010 -el que regula la modificación de la LORCA- y lo derogue, tal como ya hizo en su momento con la primera reforma laboral que llevó a cabo el gobierno de José María Aznar", ha manifestado este líder sindical.
Así, la CIC ha presentado dos impugnaciones ante el Tribunal Supremo: una contra el decreto antes mencionado de reforma de la LORCA y otra contra el Real Decreto 6/2010, que en su artículo 25 recogía por primera vez la figura de las SIP, pese a tratarse de un real decreto de medidas económicas generales.
En ambos recursos, que todavía están en la fase de aportación de pruebas, y por lo tanto no han sido admitidos a trámite, se pide al alto tribunal que plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para que la más alta instancia de la magistratura los revise y estudie su derogación.
Con el mismo objetivo, el CIC ha presentado una demanda ante el Defensor del Pueblo para que eleve al TC las modificaciones de la LORCA que suponen una 'bancarización' del sistema español de cajas y otro recurso frente a la Audiencia Nacional contra la forma legal que han de adoptar las SIP.
También se ha trasladado dos demandas ante la Comisión Europea, tanto ante el comisario de Competencia como al de Asuntos Monetarios y Económicos, los que sí que han dado respuesta a la petición, y se ha anunciado que se septiembre se llevará a cabo una revisión del proceso español.
La base legal con la que actúa el CIC se apoya en dos líneas de trabajo, según ha señalado Postigo: que el Real Decreto es un instrumento para procesos de urgencia que no se pueden aplicar en el caso de modificación de la LORCA; y que se ha negado el trámite de audiencia que requiere una modificación de ley de este calado a las partes implicadas, lo que suponía como mínimo recoger la opinión de sindicatos, ayuntamientos, entidades fundadoras, impositores y comunidades autónomas, algo que no se llevó a cabo.
Es decir, que hay graves defectos de forma que invalidarían todo el proceso de modificación del marco legal que pactaron PP y PSOE.
La CIC no está en contra de las fusiones de cajas, sino que las mismas puedan suponer a medio plazo la conversión de las entidades de ahorro en bancos, y abogan por que España imite el modelo alemán, donde con los bancos conviven 431 cajas que dan empleo a casi 250.000 trabajadores.
La CIC lo integran, entre otros sindicatos: ASIPA, SATE, SEC, FEC, ASPROMONTE, AS, ATIC, SICAM, SELG, SECAR, APECASYC, SEA, SEC-CECA, SEC-SEGOVIA y STC UOB.
