El Gobierno refuerza las medidas para evitar la exclusión financiera. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa encomendará al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dos encuestas para medir los avances en materia de inclusión financiera, y una estadística al Instituto Nacional de Estadística (INE) con el mismo objetivo.
Así, lo avanzó este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras la reunión que ha mantenido con representantes del Banco de España, el Defensor del Pueblo y las patronales AEB, CECA y Unacc, así como de asociaciones de consumidores, mayores y pensionistas, para analizar los avances en materia de inclusión financiera.
La población sin acceso a un punto de servicios financieros en su localidad se ha rebajado en tres años y ha pasado de unas 650.000 personas a apenas 330.000, y hoy en día un 99,3% de la población española cuenta donde vive al menos con un punto de acceso a servicios bancarios, según los datos facilitados al término del encuentro y recogidos por Efe y Europa Press.
Cuerpo expuso que el CIS incluirá a partir de septiembre preguntas sobre inclusión financiera en el barómetro mensual con el objetivo de tener información sobre acceso a servicios financieros y su calidad. Avanzó que también se lanzará un módulo semestral con el CIS para tener una "mayor muestra" que sirvan como base de información para debatir y tomar decisiones en el marco de las reuniones que mantiene el Ministerio con las patronales bancarias y organizaciones de usuarios.
El INE tendrá que realizar una estadística estructural con carácter anual para tener un desglose sobre inclusión financiera en todas sus vertientes: ámbito rural, personas mayores y con algún tipo de discapacidad. Esta estadística estará en funcionamiento en 2026 y se espera que los primeros resultados se lancen en 2027.
De cara al futuro, Cuerpo avanzó que en las próximas reuniones sobre inclusión financiera con patronales y asociaciones de usuarios espera que se añada también la dimensión de la ciberseguridad y el fraude financiero; y analizará la inclusión financiera en el ámbito urbano, cruzando datos de barrios en ciudades con acceso reducido a puntos financieros con variables sociodemográficas.
Lo que está en el aire es la extensión del Código de Buenas Prácticas hipotecario para clases medias, que vence a finales de 2025 y apenas ha recibido 7.500 solicitudes para acogerse a él, aunque apuntó que se valorará si merece la pena extenderlo.
En los tres años transcurridos desde que se pusieron en marcha las primeras medidas contra la exclusión financiera, el porcentaje de población sin acceso a servicios bancarios ha pasado del 1,4% al 0,7%, es decir, se ha reducido a la mitad. Según los datos que ha expuesto el ministro, un 80% de esas 330.000 personas sin acceso a un punto de servicios bancarios tampoco lo tenían en 2008, cuando se llegó al máximo número de oficinas bancarias y el desarrollo de los servicios de telefonía móvil no era el de ahora.
No obstante, el ministro ha dicho que, pese a que la cobertura de puntos de acceso a servicios bancarios llegue ya al 99,3% de la población, el objetivo del Gobierno es llegar al 100%.Cuerpo ha señalado que si hace tres años había 243 municipios sin acceso a un punto de servicio bancario, en la actualidad sólo hay nueve, que suman una población de 5.100 habitantes, para los que se está trabajando en una solución que pueda estar en los próximos trimestres. En el caso de los municipios de menos de 500 habitantes, en el último año 305 municipios han incorporado un punto de acceso al efectivo.