Barcelona
Con un presupuesto para obra social de 600 millones de euros, la Fundació La Caixa –la mayor del país– ejecutó en 2024 el 98% de la inversión prevista. La entidad presidida por Isidro Fainé celebra el mejor año de ejecución desde 2021, en el que además logró cerrar el ejercicio con un superávit de 25,4 millones de euros, que fueron destinados a incrementar las reservas de la institución última que controla Caixabank y participa en Naturgy o Telefónica.
Según los estados financieros de la fundación, el grupo utilizó los beneficios generados durante la pasada campaña para fortalecer el balance, cuyo patrimonio neto supera los 11.000 millones de euros. Con la subida del presupuesto, la firma con sede en la Avinguda Diagonal de Barcelona también incrementó su excedente de capital, que pasó de los 19,35 millones de euros de 2023 a los 25,4 millones de euros del pasado 2024.
En su informe de gestión, la institución desgrana que el 58,4% de sus recursos se destinaron al ámbito social; el 20,2% fueron a financiar programas de cultura y ciencia; un 13,5% se dirigieron al ámbito de la investigación y la salud y el 7,9% restante sirvieron para becas y educación.
La Fundació La Caixa logró 430 millones de euros de dividendos procedentes de su brazo inversor, CriteriaCaixa, que se nutre de la remuneración que le otorgan sus participaciones en, por ejemplo, Caixabank (31,1%), Naturgy (26,7%), Telefónica (9,9%), ACS (9,36%) y Colonial (17,3%). La diferencia hasta los 600 millones de euros sale de subvenciones percibidas, ingresos por la actividad y sus centros, desgravaciones y efectos fiscales.
Para 2025, la entidad ya anunció que prepara el mayor presupuesto de su historia, con un incremento del 9% de su capacidad hasta los 655 millones de euros. El reparto entre programas será parecido: del total de la inversión que está prevista para este este año, cerca del 60 %, más de 370 millones de euros, se destinará al desarrollo en el ámbito social.
Previsiblemente incrementará también el dividendo percibido de Criteria, que tiene como objetivo repartirle 700 millones para el año 2030.
Tras una campaña 2024 marcado por la transformación de CriteriaCaixa y su nueva hoja de ruta, el año 2025 arrancó con una reestructuración de la Fundació La Caixa. La entidad ya nombró en diciembre a Josep Maria Coronas como nuevo director general y en enero colocó a Esther Planas y Sergi Loughney como directores generales adjuntos. Los nombramientos se enmarcan en la preparación de un plan estratégico para el próximo lustro, que debería ver la luz en las próximas semanas.
La organización señaló que el nuevo equipo trabajará en la elaboración de un plan estratégico para el periodo 2025-2030 con el objetivo "de hacer crecer la entidad en interés de sus beneficiarios, especialmente los más necesitados". Así, la fundación designó una nueva organización para simplificar y dar transparencia a su estructura, en la que sobresalen los nombramientos.
Más allá del nombramiento de Coronas como director general en sustitución de Antonio Vila, la Fundació La Caixa vivió también en diciembre, entonces sí con mayor tensión, la salida del vicepresidente del patronato, Juan José López Burniol.
El dirigente, con más de dos décadas vinculado a la institución presentó su dimisión en desacuerdo con el nombramiento de Josep Maria Coronas como nuevo director general. El letrado era vicepresidente de la Fundació La Caixa desde 2017 y patrono desde junio de 2014. Participa en la Asamblea de La Caixa desde abril de 2005 y entre 2011 y 2016 fue vocal del consejo de administración de Caixabank.
No obstante, la decisión con mayor revuelo mediático fue la de retornar la sede a Cataluña tras haberse marchado durante el procés. En marzo, el patronato de la Fundació Bancaria La Caixa aprobó por unanimidad en una sesión extraordinaria el retorno de su sede social a la que nunca dejó de ser su sede operativa, en las torres negras de la Avinguda Diagonal de Barcelona. Junto con la fundación, también volverá CriteriaCaixa.
En la nota remitida, la Fundació justificó la decisión porque "ya no se dan las circunstancias que causaron el traslado temporal de dichas sedes a la ciudad de Palma en el año 2017". Cabe recordar que ambas entidades se mudaron en plena oleada de salidas tras el referéndum del 1 de octubre. La vuelta parece dar por enterrados los temores a la afectación del procés en su negocio.
El foco está así en obtener el máximo de recursos para financiar su obra social.
