Madrid
UniCredit está dispuesto a jugarse todas las cartas para salir ganador de la oferta que lanzó el pasado noviembre sobre su rival Banco BPM. El banco italiano anunció este viernes su intención de presentar una demanda ante los tribunales para abordar las condiciones impuestas por el Gobierno de Giorgia Meloni sobre la operación.
En un comunicado, la entidad dirigida por Andrea Orcel ha informado de que presentará próximamente una demanda ante el TAR Lazio (Tribunal Administrativo Regional del Lazio) para abordar las reservas sobre la legitimidad del llamado Golden Power (poder de oro), un mecanismo que otorga la posibilidad de bloquear operaciones en sectores estratégicos para defender los intereses nacionales.
"Independientemente del resultado, esta presentación constituye una medida prudente para obtener claridad y una evaluación formal e independiente sobre la correcta aplicación del poder de oro en este caso", agregaron desde el banco. UniCredit apuntó, además, que seguirá dialogando con los organismos gubernamentales pertinentes para "obtener información concluyente sobre el alcance y la interpretación de las prescripciones establecidas para autorizar la transacción y, cuando sea posible, para encontrar una solución mutuamente aceptable que cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables".
Entre las condiciones impuestas, el Gobierno italiano dio al banco nueve meses para completar su salida de Rusia, donde ya ha reducido sus actividades un 90% desde la invasión de Ucrania, y le pidió que no disminuyera el número de sus filiales bancarias. Además, UniCredit tendrá que mantener la cartera de financiación de proyectos e inversiones de Anima, la sociedad de gestión de activos recientemente adquirida por BPM, así como la actual relación entre préstamos y depósitos, lo que garantizaría el apoyo crediticio a las familias y a las pymes.
El regulador del mercado italiano, Consob, suspendió este jueves la oferta pública de adquisición en curso de UniCredit por BPM durante 30 días, lo que le dio a Orcel más tiempo para hablar con el Gobierno italiano e intentar suavizar las restricciones impuestas. La decisión del regulador fue criticada por el banco opado, que la calificó como una "medida anormal".
UniCredit se opuso a las condiciones del Gobierno y afirmó que podrían limitar su capacidad para gestionar la entidad fusionada de forma sana y prudente. Aunque el banco ha iniciado conversaciones con Roma sobre las medidas, el jefe del departamento económico del partido Hermanos de Italia de Meloni, Marco Osnato, advirtió de que las condiciones no se cambiarán.
Si el Gobierno de Meloni ya emitió su dictamen sobre la opa de UniCredit, el Ejecutivo español de Pedro Sánchez aún está poniendo bajo la lupa la oferta lanzada por BBVA sobre Sabadell, una fusión gemela a la italiana. Actualmente, el análisis de la transacción se encuentra en manos del Ministerio de Economía, que decidirá el 27 de mayo si la eleva a Consejo de Ministros para un mayor escrutinio o si la aprueba directamente.