La jueza María Tardón, titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, abre la puerta para llevar a juicio a BBVA; a su expresidente, Francisco González y al exconsejero delegado, Ángel Cano, entre otros, por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para espiar a clientes y rivales. La magistrada ha dictado un auto en el que rechaza un recurso presentado por Ángel Cano y avala la instrucción llevada a cabo por el juez Manuel García Castellón, que propuso ya en junio sentar en el banquillo de los acusados tanto al banco como a sus exdirectivos.
La jueza María Tardón concluye ahora que en el auto recurrido de García Castellón "se contiene el relato fáctico esencial y se concretan los delitos imputados, siquiera de modo indiciario y a los meros efectos de una calificación jurídica que no vincula a las partes". La jueza considera que "se delimitan los hechos de modo preciso, los sujetos intervinientes y las conductas delictivas", con lo que, a la espera de lo que decida ahora la Sala de lo Penal, deja abierta así la puerta al juicio oral. "No cabe olvidar que en la fase de instrucción ha de valorarse si existen indicios racionales de criminalidad a propósito de la comisión de concretos hechos delictivos, que es lo que sucede en este supuesto, sin perjuicio de que los concretos elementos típicos -tanto objetivos como subjetivos- deban ser ventilados y depurados en la fase de juicio oral", asegura Tardón en el auto dictado y al que ha tenido acceso este periódico.
La titular del juzgado número 6 de la Audiencia desestima el recurso presentado por Cano porque entiende que, al contrario de lo que él asegura, "sabía y participó en la contratación de los servicios de Cenyt, sabía de sus ilegalidades y recurrió en más ocasiones a los mismos pese a tal conocimiento". Además, recuerda que el departamento de seguridad, con su máximo responsable a la cabeza, Julio Corrachano, dependía directamente de Ángel Cano entre 2003 y 2009. "Tal cuestión es importante, pues no consta que existiese cargo intermedio entre Ángel Cano y Julio Corrochano, de lo que resulta lógico inferir que cuando Corrochano se refiere a su jefe, bien, alude a Ángel Cano, bien a Francisco González, pues eran los dos únicos reportes directos que podía tener, el primero de forma lógica por estructura y el segundo, por indicación del propio Francisco González".
La contratación
BBVA contrató a Villarejo por primera vez para evitar el asalto de la constructora Sacyr, presidida entonces por Del Rivero, a BBVA. El directivo recuerda en su escrito de acusación la "preocupación" al respecto de Francisco González, que "venía dada por el interés empresarial legítimo mostrado desde Sacyr, apoyada por un grupo de accionistas tradicionales del BBVA, en adquirir una participación significativa de la entidad bancaria". Según revela el sumario del caso, desde entonces hubo contratos y acuerdos verbales durante un total de quince años. El último de ellos estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, tan solo diez días después de que González abandonara el cargo y fuera sustituido por Carlos Torres, el actual presidente de la entidad el 1 de enero de 2019. En total, el banco realizó así pagos a Villarejo por más de 10 millones camuflados como "honorarios por asesoramiento continuado".