Ni una sola pista sobre el diseño del nuevo impuesto a la banca. La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, celebró ayer una reunión con las más altas instancias bancarias y, pese a que ambas partes coincidieron en la cordialidad del encuentro y la disposición a ayudar a empresas y familias a encarar la desbocada inflación, el sector sigue sin saber cómo será el gravamen. Se dará a conocer en el Congreso la próxima semana, cuando se presente a través de una proposición de ley, y "la negociación se producirá con los grupos políticos en el Parlamento", explicó Calviño tras departir durante más de dos horas con las más altas esferas del sector bancario.
Abrió la puerta a cambios, que llamó "mejoras", siempre bajo esa esfera de las Cortes, dejando claro que no lo negociará con la banca: "En ese trámite parlamentario se podrán incorporar aquellas mejoras que se puedan considerar más adecuadas para lograr el objetivo de recaudación y los objetivos de preservar la concesión de crédito a la economía, proteger el interés de los clientes y del conjunto de la ciudadanía y evitar un impacto negativo en la solvencia de este sector".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de la nueva figura tributaria para recaudar 3.000 millones en dos años de la banca en el debate del Estado de la Nación del martes pasado. Y, aunque la reunión de máximo nivel se había convocado para valorar varios aspectos como la marcha económica, las medidas del BCE o cómo evitar la exclusión financiera, el tema nuclear era el tributo.
Cumbre de banqueros
La cumbre en sí era excepcional por los asistentes: los presidentes de BBVA, Carlos Torres; de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri; de Sabadell, Josep Oliu, y de Unicaja, Manuel Azuaga, junto al consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez. El presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, escusó su ausencia, justo después de que la consejera delegada, María Dolores Dancausa, apuntase que el banco dará batalla para evitar el gravamen si ve "resquicios" legales. Estuvieron las tres patronales con la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán; el director general de CECA, José María Méndez, y la secretaria general de Unacc, Cristina Freijanes; y por parte del Banco de España asistió el gobernador, Pablo Hernández de Cos, y la subgobernadora, Margarita Delgado. Desde el ministerio y junto a Calviño, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, y el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo Caballero.
Pero no hubo detalle, aunque sí explicaciones, razonamiento de posturas e intercambios de opiniones. El punto en común que destacó Calviño es la "comprensión" de "proteger los ingresos fiscales" porque "todos somos conscientes de que España tiene que seguir en la senda de reducción del déficit y de la ratio de deuda pública sobre el PIB". El Gobierno ha comprometido medidas sociales por valor de 30.000 millones desde el pasado año y la simple descontinuación de los programas de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo (BCE) son un desafío para el Tesoro y su asistencia con el nuevo mecanismo antifragmentación exigirá, cuando menos, disciplina fiscal.
Pero a partir de aquí, la misma Calviño reconoció el malestar del sector, que según dijo ha pedido que "no se le estigmatice". "Es evidente que los bancos no comparten esta decisión, pero desde el Gobierno pensamos que es la correcta para hacer un reparto justo de los esfuerzos económicos para responder a esta guerra, elaboró en rueda de prensa. Calviño pidió a los bancos "arrimar el hombro" con el argumento de que sus balances están saneados gracias al aval del ICO, el sector que "no se ve particularmente afectado por el alza de los precios de la energía", la economía crece gracias al plan de recuperación y ganará más por la subida de tipos.
La banca cuestionó tener que pagar un impuesto singular y ad hoc. La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, y el director general de CECA, José María Méndez, salieron a rendir impresiones tras el encuentro y garantizaron la disposición del sector a "seguir apoyando a la economía española, familias y empresas", agradecieron "que se nos escuche", pero rehusaron la mayor: "No es momento con la actual incertidumbre y no es una medida que pueda resolver ninguno de los problemas que tenemos encima de la mesa: no ayuda a controlar la inflación, no ayuda a mejorar ni el crecimiento ni el empleo, si acaso todo lo contrario", manifestó Kindelán, en alusión a los estudios que auguran que el tributo "podría ser contraproducente. "Tampoco ayuda a los bancos a financiarse y a poder seguir apoyando la economía con el crédito. No es la medida adecuada", concluyó.
"No es el camino adecuado", coincidió el director general de CECA, en alusión a que castiga a la banca española frente a la de otros países cuando "estamos dentro de la UE, competimos con otros sujetos del mercado financiero europeo para captar depósitos, por operaciones de activos y para captar accionistas". "Lo ideal -avisó- sería buscar una armonización tributaria en todo el ámbito de la Unión Europea". Lo que no despejaron es si la banca, en su conjunto, se plateará recurrirlo como avisó Bankinter si encuentran "renquicios" legales.
Guiño con los fondos de recuperación
Calviño desveló que ha pedido a la banca "su contribución y propuestas" sobre el papel que pueden jugar en la gestión de los fondos que llegarán de Europa para financiar el Plan de recuperación. Coge el guante de una demanda insistente por parte de las entidades, que llevan meses ofreciendo su red y experiencia para gestionar dichos recursos. Su propuesta es vehicular los fondos, como se hace con la PAC en la agricultura, que se apalanca en sus redes y las entidades anticipan, incluso, los fondos. Para el plan de recuperación, el sector ha expuesto su capacidad de analizar la solvencia de proyectos e, incluso, de financiarlos.
