El Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia (CV), ha avalado las últimas modificaciones introducidas por el Parlamento español en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que le atribuyen mayores potestades para hacer efectivas sus sentencias y decisiones, si alguna institución pública las incumple.
Todas las medidas previstas en la modificación legal de 2015, que incluyen entre otras la posibilidad de suspender transitoriamente en el ejercicio de sus funciones a cargos públicos, se consideran adecuadas desde el punto de vista constitucional comparado, según el dictamen de la CV, que hace algunas recomendaciones relativas a su aplicación práctica. Así, el dictamen confirma la legalidad de la norma española aprobada en 2015, que se ajusta a las leyes comunitarias, aunque recomienda a España que realice algunas "mejoras para garantizar la neutralidad del órgano de garantías y la separación de poderes".
En palabras de la CV "Cuando una autoridad pública se niega a ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), viola la Constitución, incluyendo los principios del imperio de la ley, separación de poderes y el de cooperación leal entre instituciones públicas estatales y las medidas que impulsen la ejecución son legítimas".
Cumplimiento efectivo
La CV valora el carácter general de la normativa española que permite a cualquier parte interesada instar la ejecución, las garantías procedimentales que establece previas a la adopción de medidas de ejecución de las resoluciones firmes del TC y la obligación de auxiliarlo en su puesta en práctica, que incumbe a los poderes del Estado a todos los niveles. Aconseja que sea por iniciativa de parte como se inicie la ejecución y no de oficio. En el informe, aprobado el sábado, se recalca la importancia que tiene que todos los individuos e instituciones cumplan de manera efectiva las sentencias y decisiones de los TC.
Además, analiza el derecho comparado en esta materia, concluyendo que en Europa son varios los sistemas posibles. Uno de ellos es el de atribuir potestades de ejecución de sus sentencias al propio Tribunal, como sucede en España que ha seguido el modelo alemán.
Esa reforma tenía como objetivo dotar al TC, institución básica para la defensa y garantía del Estado de Derecho, de las herramientas suficientes para asegurar el cumplimiento efectivo de sus sentencias.
La Ley ratificada prevé que el TC pueda solicitar el auxilio de cualquier Administración o poder público, incluido el Gobierno, que está a obligado a atender estas peticiones de colaboración de forma preferente y urgente.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, publicó el sábado un mensaje en la red social Twitter en el que decía: "Una gran noticia: Europa, por primera vez, planta cara a España", ha escrito Puigdemont .
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, respondía, a través de la agencia de noticias Europa Press, al presidente de la Generalitat , que "la Comisión Venecia del Consejo de Europa considera que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante y deben ser respetadas, por lo que las medidas para hacer efectivas esas sentencias son legítimas. A su entender, lo que de verdad ha dicho este órgano es que avala las medidas para evitar que algunos caraduras se salten la Constitución".
