La Cámara de Cuentas de Aragón ha detectado irregularidades -algunas graves-, en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2017. Dentro de ellas, destacan el incumplimiento del procedimiento de contratación por valor de unos 211 millones de euros, así como en las retribuciones salariales. Además, se constata que Aragón incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria.
El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón 2017 tras finalizar el trámite de audiencia.
Una cuenta en la que se han detectado algunas irregularidades como el incumplimiento en el procedimiento de contratación. En el informe se ha detectado que, como mínimo, alrededor de 211 millones de euros se adjudicaron sin expediente administrativo ni formalización del contrato.
De esta cantidad, unos 182 millones de euros se corresponden con compras de farmacia hospitalaria, mientras que 16 son por gastos en implantes, ocho millones en servicios de rutas escolares y cinco en servicios de atención a menores y ocupación de plazas residenciales.
El informe también refleja que no hay programas de control en el Departamento de Educación para evaluar la eficacia y eficiencia del gasto de funcionamiento de centros docentes públicos no universitarios (26 millones de euros), además de detectarse que el control financiero posterior de la Intervención General es insuficiente.
Además, la Cámara de Cuentas de Aragón también alerta de que el control de la facturación de las plazas reservadas en centros residenciales -alrededor de 62 millones de euros-, es formal, es decir, mediante una declaración responsable de las plazas ocupadas por parte del director de la residencia o centro de día concertado.
Las licitaciones y adjudicaciones de contratos también están en el punto de mira en el informe por no publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, habiéndose igualmente incumplido la obligación de comunicar a la cámara todos los contratos. En concreto, se calcula que el gasto no comunicado fue de unos 448 millones de euros, de los que 437 se corresponden con el SALUD.
En materia de contratación, las irregularidades no acaban aquí porque también el informe apunta al fraccionamiento de contratos. En concreto, se ha detectado riesgo de fraccionamiento en 198 proveedores adjudicatarios de dos o más contratos menores de similar objeto por valor de 12,7 millones de euros. De esta manera, el informe señala que ha podido existir un fraccionamiento irregular del objeto de los contratos para no aplicar los procedimientos de adjudicación de acuerdo con el marco legal.
Personal
El informe igualmente ha detectado irregularidades en materia de personal, al observarse complementos salariales sin cobertura en una norma o reglamento y el pago de complementos por productividad por valor de 104 millones de euros con carácter fijo, a pesar de que es un complemento variable y asociado a un especial rendimiento.
Por ejemplo, entre los complementos retributivos no amparados en normas de rango legal o reglamentario, figuran 13 millones por el anticipo de la carrera profesional del personal funcionario de carrera o estatutario de la comunidad autónoma en el sector Administración Central, los 7 millones de complemento transitorio del personal del ámbito sectorial Administración de Justicia, los 42 millones del complemento específico del personal docente no universitario regulado en Acuerdo del Gobierno de Aragón no publicado y los 49 millones de la carrera profesional del Personal Estatutario de Servicios de Salud.
La Cámara de Cuentas de Aragón a su vez echa en falta el reflejo en las cuentas del compromiso retributivo con los funcionarios, por la devolución de la paga extraordinaria de 2012, por importe de 20 millones de euros, y con el personal sanitario jubilado, en concepto de complementos de pensión, por importe de 15 millones.
Desequilibrios
El informe también llama la atención sobre el desequilibrio patrimonial por endeudamiento financiero -al cierre del ejercicio era de 8.533 millones de euros-, el saldo negativo de los fondos propios (saldo negativo 3.309 millones de euros) y el remanente de tesorería también negativo de 532 millones de euros.
Estas cifras son todavía peores si se tienen en cuenta los ajustes identificados por la cámara, ya que los fondos propios bajan hasta los 3.633 millones de euros y el remanente de tesorería se sitúa en 590 millones. Una situación ante la que se alerta de que la comunidad tendría que reducir sus gastos en 349 millones de euros o continuar endeudándose si los ingresos no se incrementan.
Además, se alerta de la provisión insuficiente para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas como los 25 millones de euros reclamados judicialmente por el Ayuntamiento de Zaragoza en cumplimiento del Convenio para la financiación del tranvía, los 20 millones de posible reclamación del Estado en concepto de devolución de los fondos FITE no ejecutados y los 15 millones por el pago de prestaciones a la dependencia reconocidas y no pagadas.
El informe también apunta que Aragón incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, al situarse su déficit en 332 millones de euros, 116 más del objetivo previsto fijado en el 0,6% del PIB. Y, en relación a la regla de gasto, la desviación fue del 3,2%, superior al objetivo del 2,1% fijado para este ejercicio.
No obstante, Aragón sí cumplió los objetivos de deuda financiera (21,5% del PIB regional) y el objetivo de sostenibilidad de la deuda comercial, con un periodo medio de pago inferior a los 30 días de plazo legal.
Finalmente, el Informe señala, como otro incumplimiento de legalidad, la insuficiencia del presupuesto inicialmente aprobado para hacer frente a la actividad de la Comunidad Autónoma, por un importe de 272 millones de euros, aunque también se indica que los mayores ingresos con los que contó la Comunidad en 2017 permitieron aprobar modificaciones presupuestarias -algunas fuera del ejercicio-, por un importe de 253 millones. No obstante, el gasto realizado en el ejercicio 2017 sin cobertura presupuestaria adecuada y suficiente fue, al menos, de 37 millones de euros.
Las modificaciones presupuestarias fuera de ejercicio ascendieron a 50 millones de euros y se tramitaron y comunicaron durante el mes de febrero de 2018, sin que las Cortes de Aragón emitieran pronunciamiento al respecto.
