Zaragoza
PP, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos explican algunas de sus principales propuestas para el sector agrario y ganadero con las que concurren a las elecciones del 28-A.
Desde elEconomista Agro hemos hablado con los principales partidos políticos de España -PP, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos-, para conocer sus propuestas: ¿cuáles son las medidas que plantean para incorporar jóvenes al campo? ¿Qué postura mantienen ante la negociación de la PAC? ¿Qué proponen en política hidráulica y regadío? ¿Abogan por la digitalización del sector? ¿Macrogranjas sí o no? Estas son sus respuestas:
Jóvenes Agricultores
El Partido Popular considera que hay que "pelear un presupuesto para el próximo período de la PAC. Estamos dispuestos incluso a pedir que se aumente la aportación por parte de los Estados miembros de la Unión Europea para que no bajen los fondos que se aportan a la PAC -somos los únicos partidarios de esta medida-, y que están relacionados con los jóvenes agricultores", explican fuentes del PP. Además, en la futura reforma de la PAC, abogan por eliminar las cuestiones que dificultan la entrada de jóvenes al campo y por elevar hasta los 45 años la edad para ser considerado joven agricultor. Una idea en la que aseguran que van a seguir insistiendo porque el sector agrario está envejecido. También proponen introducir el concepto de "nuevo entrante" para personas mayores de 45 años que quieran incorporarse al sector agrario y que ahora no tienen acceso a ayuda por incorporación.
El PSOE plantea dos líneas de acción. Una de ellas es validar la importancia que tiene el medio rural y potenciar y dignificar la vida en el campo, lo que se hace mejorando su imagen y la economía, mientras que el otro pilar está puesto en el asentamiento de la mujer en los procesos productivos en el medio rural. Además, inciden en que hay que ofrecer a los jóvenes proyectos más atractivos desde el punto de vista económico y social. "Es importante reorientar la economía en algunos casos, haciendo una combinación de agricultura y ganadería, que es uno de los sistemas más rentables históricamente, y también a través de la producción de productos novedosos, de montaña, en los que pueden tener cabida más productos y de alta calidad. Las ayudas que se dan deben premiar a la gente que innova, que transforma", dice Jesús Manuel Alonso, cabeza de lista por el PSOE al Senado por la provincia de Soria.
Ciudadanos opina que es necesario facilitar el relevo generacional en las explotaciones agrarias para asegurar la actividad tras la jubilación de su titular, así como para incorporar más mujeres a la actividad agrícola. Desde este partido señalan que, pese a que se dispone del marco de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, "es necesario avanzar aún más en la incorporación de talento femenino al sector, revisando la ley en aquellos aspectos mejorables, informando a los titulares de las explotaciones de las ventajas que ofrece y llevando a cabo labores de difusión que nos permita promover y favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres también en el medio rural, del que son motor fundamental".
Unidas Podemos cree que la incorporación de jóvenes al campo requiere de una combinación de medidas que "no todas vienen por la PAC. Debe haber otras medidas complementarias como la tarifa plana de autónomos durante cinco años; el apoyo a la incorporación de los jóvenes a través de las OCAs o las organizaciones y bonificación fiscal para los primeros años", asegura Fernando Fernández, candidato de Unidos Podemos al Congreso por Palencia. Igualmente, abogan por el intercambio de experiencias para conocer la actividad y cómo trabajan otros agricultores. En esta línea, se propone un "Erasmus rural" para el sector agrario. Son un conjunto de medidas para incorporar 20.000 jóvenes al año para hacer el relevo generacional adecuado en el campo para lo que también hay que trabajar en la normativa adicional, "que deja fuera a los jóvenes por diferentes modelos de negocio".
PAC
El Partido Popular aboga por una menor carga burocrática para los agricultores, además de contribuir a mejorar tanto la renta agraria como el sistema de la distribución del agricultor profesional. Para ello, es determinante que "para la PAC estemos en perfecta concordia con las asociaciones agrarias porque hay que conseguir ampliar la base de consenso para que el próximo ministro de Agricultura negocie una PAC con un amplio consenso social. La primera preocupación de un dirigente debe ser mantener un buen presupuesto para la PAC", que debe ser, como mínimo, "como el del período anterior gracias a las negociaciones del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete". También se pone el foco en promover una PAC que fomente a los jóvenes agricultores, así como la protección de las explotaciones familiares y la agricultura activa.
El PSOE tiene claro que las ayudas de la PAC deben ser "para el que cultiva la tierra, pero tampoco nos gusta ser radicales porque creemos que todo el mundo aporta. Y, como todo el mundo aporta, radicalmente, no defendemos la PAC para agricultores a título principal. También puede haber PAC para aquellas personas que tienen una renta mínima y que contribuyan a la producción agrícola y ganadera porque el país se levanta entre todos y todos aportamos para levantar el país y la agricultura", añade Jesús Manuel Alonso.
Ciudadanos considera que la PAC es una política de apoyo al sector agrario muy "potente" y "debe estar orientada a asegurar unos niveles de vida adecuados a los agricultores. Es decir, a aquellas personas cuya actividad es mayoritariamente agraria. Se debe asegurar que un porcentaje de la ayuda se reinvierta en la explotación y se destine a mejoras medioambientales". El objetivo debe ser "ganar competitividad, fomentar el empleo agrario y promover la posición justa de nuestros agricultores y empresas en las cadenas agroalimentarias", indican desde el partido.
Desde Unidas Podemos se afirma que "la elaboración de un plan estratégico nacional es fundamental y debe estar orientado a defender un modelo familiar y profesional, que es el mayoritario de nuestro país", añade Fernando Fernández. A partir de ahí, "hay una serie de aspectos que debe tener toda PAC. Consideramos que el régimen de los derechos históricos tiene que acabarse porque genera desigualdades y no se corresponde con la realidad en estos momentos". Además, "la distribución de las ayudas debe estar ligada al objetivo de la renta agraria y a la actividad productiva y no tan ligadas a la tierra. Sí consideramos que la PAC debe estar orientada a los agricultores genuinos y sí estamos de acuerdo con que ese agricultor genuino justifique que, al menos, el 25% de sus ingresos viene directamente de la actividad agraria, pero con una regulación que permita que sea así y no con una ley que sea un coladero de situaciones y excepciones".
Política hidráulica y regadío
En materia de agua, el Partido Popular apuesta por un pacto nacional en el que "los distintos intereses y las comunidades se vean reflejadas y nadie se sienta agredido como para poder rechazarlo. Lo demás no nos va a llevar a ningún sitio. Cualquier política nacional y que tenga consecuencias para futuras negociaciones, tiene que pactarse entre todos los usuarios". Y esa es la intención del PP: "poder sellar un pacto nacional del agua como ya se estuvo trabajando en la última parte de la legislatura con la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina". Además, en materia hidráulica, frente a quienes se oponen a regulación, el PP se muestra partidario de la regulación y de las obras de almacenamiento de agua dentro de un contexto de cambio climático en el que las sequías serán más pronunciadas y las lluvias traerán aguas torrenciales.
El PSOE considera que el regadío es fundamental. "Nosotros pretendemos poner en marcha proyectos de desarrollo de productos alternativos y necesitamos fomentar al máximo los regadíos. En nuestro país, hay muchas zonas en las que hay agua, pero se debe maximizar el recurso. No se puede estar regando en muchos sitios de forma tradicional. Con el mismo recurso, se puede conseguir una mayor expansión en zonas de regadío y creo que hay que hacer el esfuerzo. Cuando hay regadío, hay más renta per cápita y zonas con más población. Por lo tanto, es un reto importante no solo de España, sino de la Unión Europea para salvar el medio rural e intentar revertir la España vaciada", aclara el socialista. En política hidráulica, "creemos que hay que ser solidarios y no apropiarse de todo en un territorio. Creo que eso se consigue maximizando el recurso".
En Ciudadanos afirman que las previsiones de cambio climático a 2030 y 2050 plantean un nuevo escenario. "Nuestro campo ha realizado ya una enorme transformación, pasando del riego a manta al riego por goteo en su mayoría. No obstante, queda mucho por hacer y queremos liderar la adopción de nuevas tecnologías TIC para avanzar en la eficiencia del uso del agua, la recuperación de acuíferos, el control de pozos y regadíos ilegales o la depuración y reutilización de aguas". Además, proponen una actualización profunda del Plan Hidrológico Nacional, adaptándolo al reto del cambio climático y escenarios 2030-2050. "Aumentaremos la inversión, la depuración y la reutilización de aguas urbanas, así como la integración de desaladoras, los medios para una mejor gestión y coordinación entre las demarcaciones hidrográficas y administraciones territoriales. El Estado debe garantizar una política del agua nacional, solidaria y moderna, que compatibilice la protección de la calidad del agua y los caudales ecológicos en nuestros ríos y la seguridad del suministro para las generaciones presentes y futuras".
En Unidas Podemos son partidarios de "consolidar el regadío que existe y es legal y sacar del sistema al regadío y pozos no legales". El candidato de Unidos Podemos al Congreso por Palencia, reitera que esta formación está en contra de los "mensajes populistas de agua para todos porque no se corresponden con la realidad que se observa" y dentro de una coyuntura de cambio climático. "Hay que reconvertir la política de agua basada en la gestión de la oferta a una gestión de la demanda. Ya hay suficientes pantanos y embalses y lo que hay que establecer es regulación en tránsito y de la demanda". A partir de ahí, opinan que "la modernización del regadío, que es esencial, tiene que tener un requisito básico: que las confederaciones hidrográficas recuperen los derechos concesionales que ahorramos porque lo importante aquí es hacer una gestión que va ir encaminada hacia una situación de crisis por el cambio climático".
Digitalización
El PP es partidario de la digitalización del campo. Desde el partido recuerdan que el último plan para llevar el 4G a todas las provincias de España fue presentado por expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en Teruel. "Internet con calidad y de forma rápida es un derecho básico de todos los ciudadanos del país y de la Unión Europea. No hay excusas. Se planteó el programa, pero se ha ralentizado en estos seis últimos meses. Se debe tener el mismo acceso desde el Paseo de la Castellana de Madrid que en un cultivo en Calanda (Teruel)". El Partido Popular incide en dar respuesta a esta necesidad porque "los agricultores que se están incorporando ya tienen afán por ser mas competitivos. La digitalización que están incorporando de forma natural los agricultores es un incentivo para que sus explotaciones sean más rentables. La administración tiene que dar todas las posibilidades y facilidades para que agricultura tenga acceso a los avances tecnológicos del siglo XXI".
El PSOE cree que la digitalización es clave porque "no hay sector en el país que tenga desarrollo y progrese sin vinculación a las nuevas tecnologías. La fibra óptica es fundamental y el 4G y el 5G deben ser extensibles a todo el país", aclara Jesús Manuel Alonso, quien pone de manifiesto la voluntad del partido de hacer un esfuerzo en digitalización porque "es básico y fundamental". Por ejemplo, en los regadíos "se pueden utilizar sistemas tecnológicos para regar desde casa con el teléfono. Se trata de progresar y para eso están las tecnologías, para tener más confortabilidad y más rentabilidad" aprovechando las innovaciones del siglo XXI.
Para Ciudadanos, aunque la actividad primaria todavía supone una parte importante de la economía en el mundo rural, "no podemos mantener una visión estrecha de la realidad: el mundo rural no es -y no debería ser-, solo sector primario. Si queremos dinamizar el mundo rural, debemos conseguir un entorno económico que genere empleo, y atraiga y fije población a estas zonas. Esto implica apostar de manera estratégica y transversal por otros sectores como el turismo, la artesanía, el comercio local, la agroindustria, las pymes y los autónomos". Según Ciudadanos, el impulso de las zonas rurales debe realizarse desde un enfoque territorial y diversificado, y no desde un enfoque exclusivamente sectorial. Para ello, "hay que conseguir una plena conectividad de las zonas rurales, potenciando la digitalización para eliminar una brecha digital -afecta a casi el 20% de la población española-, y acabar con la exclusión digital en nuestro país, permitiendo a los ciudadanos y empresas del medio rural las mismas oportunidades que en las zonas urbanas".
En Unidas Podemos aseveran que la digitalización es esencial para facilitar la incorporación de jóvenes al campo "porque tienen que hacerlo en condiciones de vida sociales mucho mejores que sus mayores y la digitalización va a ayudar a eso. Pero esta digitalización debe estar vinculada a la eficiencia en la gestión de los recursos naturales y debe ser accesible a todas las explotaciones y no solo para aquellas que tienen unas capacidades de inversión altísimas. Vamos a tener que invertir mucho en la investigación en I+D+i en agricultura para que la digitalización llegue a todos los modelos de las explotaciones", incluyendo a las más pequeñas.
Macrogranjas
El PP afirma que su posición en cuanto a las macrogranjas no es otra "que cumplir las directivas de la Unión Europea, que garantizan una sostenibilidad técnica y social. Son los únicos límites que se pueden poner a una explotación ganadera, que ya son unas cuantas. No nos tenemos que preocupar después por añadir más legislación nacional o local. Todo lo que se fuerce en la dirección contraria con el fin de que no haya explotaciones es una ideologización de una cuestión técnica que detrae ingresos e inversiones en el país", añaden desde el PP.
El PSOE asevera que "todo el mundo tiene derecho a vivir", pero matiza que, cuando se habla de macroexplotaciones, "hay que saber por qué se produce esa macroexplotación". Por ejemplo, el sector porcino está regulado. "La ley creo que es clara y precisa" en dimensiones, distancias... Hay que hacer las cosas bien de forma ordenada y sin abusos. Cuando impera la racionalidad y se hacen las cosas bien, todo funciona de forma armónica". Otro tema son las macrogranjas de vacuno de leche, ya que esta cabaña tiene el problema de que requiere un ordeño a la misma hora por la mañana y por la tarde. Esto supone que "nadie quiere estas explotaciones porque son vidas muy esclavas. Está demostrado que en lugar de tener 5.000 vacas, nos gustarían 50 explotaciones, pero eso es soñar. Hay que dar solución al sector si queremos tener leche, productos lácteos… y soluciones a las granjas. Creo que hay que darles la oportunidad dentro de los límites de la ley. Creemos que no hay que decir 'no' radicalmente a nada".
En Ciudadanos piensan que la actividad agroganadera debe ser sostenible desde los puntos de vista medioambiental, económico y social. Por tanto, "una explotación que cumpla estos requisitos (con la preceptiva declaración de impacto ambiental) debería poder operar, independientemente de su tamaño".
Unidas Podemos opina que el debate de las macrogranjas -como las de vacuno-, es interesado por parte de ciertas administraciones públicas y empresas más que por el propio sector, que "no creo que quieran el modelo de macrogranjas. Es un modelo inducido por unos intereses", que está generando alarma social por lo que "se necesita una regulación básica a nivel de Estado, que establezca una regulación de tamaños, modelo, capacidad máxima en cada sector y que cada comunidad autónoma lo adapte a su territorio. Debe haber una regulación para frenar el desarrollo de las macrogranjas en el país. No hay posibilidad de desarrollo agrícola y ganadero sostenible y social sin desarrollo rural sostenible y social. Reivindicamos la aplicación de Ley 45/07".
