
Las empresas que pretendan implantar proyectos productivos verán reducidos en cuatro meses los tiempos de aprobación de las declaraciones de interés general y de interés autonómico, de forma conjunta, lo que repercutirá directamente en la reindustrialización de las cuencas mineras, pero se podrá aplicar en toda la Comunidad Autónoma. El Pleno de las Cortes ha convalidado este jueves un Decreto Ley en este sentido.
La cámara autonómica ha dado el visto bueno, con la abstención de Podemos, a la convalidación del Decreto Ley de medidas urgentes para la agilización de la declaración de interés general de planes y proyectos.
Ha presentado el texto legal la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, quien ha tildado de "razonables" las peticiones empresariales de imprimir "agilidad, simplificación y certidumbre" a sus proyectos.
"Una simplificación supone una ventaja, reducir días de trámites son pequeños triunfos que van sumando", ha continuado la consejera, subrayando que "queda todavía por simplificar ante tanta y tanta normativa garantista", tras lo que ha asegurado que esta norma será un estímulo para la implantación de nuevos proyectos.
El Decreto Ley aporta "competitividad" y "es un estímulo para nuevos proyectos", ha expuesto la consejera, quien ha comentado que el origen está en la demanda de las zonas mineras.
Grupos
La parlamentaria del PP Dolores Serrat ha opinado que el texto legal "va a cumplir los objetivos" de dar agilidad y ha observado que no solo afecta a las cuencas mineras, sino a todo el territorio, aunque ha advertido del aumento de la "incertidumbre" jurídica y de la "discrecionalidad" del Gobierno regional.
En representación del PSOE, Leticia Soria ha apostado por "reducir a la mínima expresión" lo que es "irrelevante", indicando que el Decreto Ley permitirá dar agilidad a la tramitación de las iniciativas empresariales, emplazando a aprobar por unanimidad el proyecto de ley.
Para la diputada de Podemos Marta Prades, "se ha puesto de manifiesto la burocracia y lentitud para resolver todos los trámites administrativos", a lo que se suma "la situación de excepcionalidad" en las cuencas mineras. Ha exigido que este tratamiento se dé no solo a SAMCA, sino también a los pequeños empresarios de la zona, considerando que este proyecto "a la carta" es más propio de partidos liberales que de progresistas.
Desde el PAR, Jesús Guerrero ha llamado la atención sobre el hecho de que el Decreto se convalida al final de la legislatura, aunque lo ha elogiado por la agilidad y "certidumbre" que aporta a la iniciativa empresarial, lo que redundará en el empleo "estable y de calidad".
El co-portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha dicho que "más vale tarde que nunca", echando en cara a los responsables del Gobierno que "se han tomado cuatro años, una eternidad" para impulsar esta normativa, manifestando que "era muy sencillo" acometer esta reforma normativa, aunque "esto es poco" porque en la instalación de una empresa no solo influye la duración de los trámites, sino otras también, como la carga impositiva y, en el caso de las cuencas mineras, la existencia de infraestructuras.
En representación de CHA, Carmen Martínez ha dicho que este Decreto tiene "todo el sentido" porque beneficiará a los proyectos de las zonas mineras, destacando que el recorte de cuatro meses de los plazos puede ser determinante para iniciar proyectos productivos en estas comarcas, observando que la normativa no es, necesariamente, "más garantista" por contemplar plazos más dilatados.