Zaragoza
La Mutua ha participado –junto con la Asociación de Mutuas (Amat) y organismos oficiales (Instituto Nacional de Seguridad Social INSS, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia SEGO e Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo INSTT)-, en una nueva Guía Médica de Valoración de riesgo para que sirva como protocolo de actuación ante la solicitud de este tipo de prestación en las mujeres gestantes.
MAZ, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 11, ha organizado esta semana una jornada de análisis para explicar los principales cambios de criterio en la valoración del riesgo de embarazo en el ámbito laboral.
Todo ello se ha producido con la publicación, por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), de la nueva Guía Médica de Valoración y su impacto en la prestación económica y la planificación de las empresas.
La mutua ha participado de forma activa en la elaboración de esta guía, que sirve de herramienta útil y rigurosa, además de ser un protocolo de actuación ante esta prestación.
La doctora María Enriqueta Roca, responsable de la Prestación de Riesgo Embarazo y Lactancia de MAZ, ha sido una de las expertas participantes en la elaboración de esta guía y esta misma semana ha participado en Hospital MAZ en una jornada divulgativa bajo el nombre "Análisis en los cambios en la nueva Guía de Valoración del riesgo laboral durante el embarazo".
Según la doctora Roca, "resulta crítico y estratégico para una mejor planificación y gestión de los recursos humanos de la empresa, conocer los cambios de la nueva guía tanto en la adaptación del puesto de trabajo, como los criterios y semanas de concesión".
Desde la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, hasta hoy, las mutuas han protegido a más de 600.000 mujeres trabajadoras y han reconocido un total de prestaciones económicas por este concepto superiores a los 2.800 millones de euros.
En concreto, en el ejercicio 2017, las mutuas gestionaron un total de 79.735 procesos, y reconocieron el 96,91% de las prestaciones del total del sistema de la Seguridad Social, lo que supone un 1,08% más que en 2016, equivalente a más de 347 millones de euros abonadas en el año 2017.
Esta prestación reconoce a la trabajadora embarazada y al feto, cuando, ante la existencia de un riesgo en el puesto de trabajo, no se halle la posibilidad de adaptar el puesto o reubicar a la trabajadora en situación de embarazo.
Sin embargo, esta prestación no es automática, en cualquier caso, los agentes presentes en la relación laboral, empresas y servicios de prevención, deben haber puesto previamente las medidas necesarias para tratar de eliminar los riesgos existentes. Solo en el caso de no poder llevarse a cabo, se inicia el procedimiento para la solicitud de la prestación económica ante la entidad gestora o la Mutua.
