Zaragoza
Estas ayudas escalarán por encima de los 7,2 millones de euros. Por ciudades, Zaragoza será la que se beneficiará de la mayor cantidad con 7,1 millones de euros; mientras que los 109.000 euros restantes se reparten entre Huesca y Teruel.
La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) ha pedido al Estado una mayor implicación a la hora de articular políticas relacionadas con la movilidad sostenible, ya que en la actualidad apenas subvenciona el 7% de lo que cuesta cada año el sistema en España.
Según los datos de la asociación, el coste se ha mantenido prácticamente intacto en los últimos siete años, cuando las subvenciones de Hacienda se recortaron un 27% en plena crisis, lo que está limitando el desarrollo del transporte público en un contexto de lucha contra el cambio climático y la contaminación en las ciudades para reducir los coches en circulación con el cierre al tráfico privado de los centros urbanos de casi 150 ciudades y fomentar el transporte público como alternativa sostenible para moverse.
La Administración central, a través del Ministerio de Hacienda, inyecta anualmente 51 millones de euros a más de 90 municipios, cuando los costes ascienden hasta los 5.000 millones.
Estos fondos se completan con los cerca de 295 millones que reciben las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Canarias y este año también Valencia, y que se financian mediante los llamados contratos programa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, al ser su transporte público más complejo y contar con varios modos (autobús, metro y tranvía) que precisan de mecanismos particulares de financiación que encarecen el coste del sistema.
En el caso de Aragón, el transporte público recibe este año un 25% más de subvenciones del Estado para su financiación, escalando por encima de los 7,2 millones de euros. Dentro de la comunidad aragonesa, Zaragoza es la mayor beneficiaria con 7,1 millones de euros, mientras que entre Huesca y Teruel se reparten la cantidad de 109.00 euros.
Para ATUC, es fundamental una mayor implicación del Estado, ya que se debería llegar, como mínimo, al 15% de la financiación del sistema para contribuir realmente al desarrollo del transporte público urbano y metropolitano.
